La Real Academia de la Lengua Española (RAE) la define como: «1. f. Profesión y ejercicio del abogado. 2. f. Conjunto de los abogados en ejercicio». En España, la corporación de derecho público que agrupa a los profesionales de la abogacía y los representa a nivel estatal/nacional es el Consejo General de la Abogacía Española.

Los profesionales de la abogacía tienen sus pilares en el asesoramiento, la defensa de los derechos humanos y la garantía del derecho constitucional de defensa, elemento esencial del Estado de Derecho, sin el cual todos los demás derechos decaen. El modelo de Justicia Gratuita, que prestan a los más desfavorecidos 36.000 abogados 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, es el mejor y más eficiente del mundo y la evidencia del compromiso social de la Abogacía.

Descripción aportada por el Consejo General de la Abogacía Española, recogida en las páginas finales de la revista Profesiones editada por Unión Profesional.

La accesibilidad a servicios profesionales en contextos rurales y de despoblación podría definirse como la facilidad de acceso a la prestación de servicios profesionales entre los que se pueden encontrar los referidos al sector sanitario (atención médica o farmacéutica), al sector jurídico y económico (asesoramiento se y defensa), sector educativo y social (educación, formación, generación de redes), entre otros, precisamente en lugares remotos o áreas rurales. La ubicación geográfica supone desafíos, limitaciones o dificultades en lo que se refiere al acceso a los mismos en condiciones de densidad de población diversa. La falta de accesibilidad a servicios profesionales en áreas rurales podría suponer un impacto negativo en detrimento de la calidad de vida de los usuarios de los servicios en dichas áreas.

Descripción elaborada por Unión Profesional. Puede consultarse este concepto con mayor detalle en el Modelo de Referencia de Unión Profesional: Turno Profesional Territorial

A los efectos de la ley de transparencia a la que están sujetas las corporaciones de Derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, «en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial, previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida (art. 16 de la Ley de transparencia)».

Descripción en el art. 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre

A los efectos del real decreto de cualificaciones profesionales el acceso parcial a una actividad profesional (regulado en el art. 11 del RD 581/2017, de 9 de junio), se considera un concepto «de gran relevancia para solucionar aquellos casos en que, en el Estado miembro de acogida, las actividades cuyo ejercicio se pretende, son parte de una profesión cuyo ámbito de actividad es mayor que en el Estado miembro de origen. Si las diferencias entre los ámbitos de actividad son tan importantes que en realidad es necesario exigir al profesional que realice un programa completo de enseñanza y de formación para paliar sus lagunas y si este profesional lo solicita, el Estado miembro de acogida debe, en estas circunstancias particulares, concederle un acceso parcial». Existen excepciones para su aplicación.

Descripción en el marco del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.

Se trata del proceso por el que se reconocen y evalúan formalmente una serie de aprendizajes previos (conocimientos, competencias o habilidades adquiridas) a la ciudadanía que supere con éxito un proceso de evaluación. La acreditación de aprendizajes previos permite que los citados conocimientos y habilidades sean evaluados y reconocidos, de manera que la persona interesada quede exenta de realizar partes de un programa justificado su aptitud previa.

La acreditación de competencias profesionales consta de tres fases: asesoramiento, evaluación y acreditación y registro.

Descripción proporcionada por glosario del Ministerio de Educación, no disponible actualmente, completado por UP.

A efectos de la Ley de garantías de unidad de mercado se trata de la «declaración por un organismo de acreditación de que un organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas, y cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad» (anexo. Definiciones. a)). En España, la ENAC, es la Entidad Nacional de Acreditación designada por el Gobierno en aplicación del Reglamento (CE) nº765/2008 que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa.

Descripción tomada de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

Acreditación de programas o instituciones: Se trata de un proceso de evaluación y reconocimiento llevado a cabo por un organismo especializado, por el que se reconoce oficialmente una institución educativa o formativa, un programa de estudio, o un servicio, demostrando que ha sido aprobado por un organismo pertinente, una vez se ha comprobado que se alcanzan unos estándares de calidad y requisitos predeterminados.

La misión de ENAC es evaluar a organizaciones que ofrecen servicios de evaluación de la conformidad, como los laboratorios, las entidades de certificación e inspección o los verificadores, entre otras. Estas organizaciones desempeñan un papel crítico en la seguridad y el bienestar de las personas, la protección del medioambiente y el aumento de la calidad y la competitividad de los productos y servicios españoles.

Descripción proporcionada por un glosario del Ministerio de Educación, no disponible actualmente, completado por UP y apoyada en la información disponible en la web de ENAC

A efectos de la Ley de garantías de unidad de mercado, es «cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios. No se incluyen dentro de este concepto las actividades relativas a la reserva o al ejercicio de potestades públicas, jurisdiccionales o administrativas, ni la regulación de las relaciones laborales por cuenta ajena o asalariadas» (anexo. Definiciones. b))

De acuerdo con las definiciones aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de trata de la «generación de valor añadido mediante la producción de bienes y servicios».

Descripción tomada de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

A efecto de la Ley de Sociedades Profesionales «es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional» (Art. 1). En términos generales, la definición de actividad profesional, podría vincularse con la labor intelectual desempeñada por una persona de manera individual y directa, en el marco de una ocupación o trabajo remunerado. Para ello se emplearán habilidades, conocimientos y competencias especializadas en un campo de actividad determinado.

Descripción tomada de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales y aportada por UP.

A efectos del Real Decreto relativo al test de proporcionalidad, «es una modalidad de regulación de una en la que el acceso a la actividad profesional o grupo de actividades profesionales está reservado, de forma directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a miembros de una profesión regulada con una cualificación profesional específica, incluidos los casos en los que la actividad se comparte con otras profesiones reguladas» (art. 3 c).

Definición en el marco del Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones.

Es el conjunto de servicios prestados por un óptico-optometrista colegiado, con autonomía profesional, en ámbitos clínicos, docentes, investigadores y sociosanitarios. En el ámbito clínico, incluye la evaluación visual, diagnóstico, prescripción y tratamiento optométrico, seguimiento del paciente y prevención de alteraciones visuales. También abarca la rehabilitación visual y la detección precoz de anomalías. En el ámbito sociosanitario, comprende peritaciones, programas de promoción y educación para la salud, formación profesional y cuidado visual, principalmente en atención primaria y comunitaria.

Definición aportada por el Consejo General de Ópticos Optometristas.

Es el efecto directo o indirecto que los servicios prestados por un profesional tienen, o puede tener, sobre los derechos fundamentales de los destinatarios. El modelo de ejercicio profesional se sustenta sobre tres pilares:

• La independencia de criterio profesional o autonomía facultativa,
• La responsabilidad del profesional,
• El control del ejercicio profesional, que se lleva a cabo por los colegios profesionales.

Definición aportada por UP.

profesionales regulados, titulados superiores, habilitados legalmente para cuantificar riesgos económicos de toda índole, con profundos conocimientos estadísticos y financieros. Entre sus funciones están: cuantificación de las primas de seguros; de los importes que Aseguradoras o Bancos tienen disponibles para afrontar solventemente sus riesgos; de riesgos de Fondos de Pensiones; o riesgos que asume el sistema de Seguridad Social.

Descripción aportada por el Instituto de Actuarios, recogida en las páginas finales de la revista Profesiones editada por Unión Profesional.

La RAE define la administración corporativa como «la Administración formada por entes de carácter asociativo de base privada que han sido regulados por normas de derecho público que fijan algunos criterios de organización, enmarcan sus competencias y les asignan algunas funciones de carácter público y de naturaleza administrativa».

En este sentido, se incardinan en este concepto el conjunto de entidades que, cumpliendo funciones de interés general atribuidas legalmente, no pertenecen a la estructura de la administración pública. En este ámbito se ubican las corporaciones de derecho público entre las que se encontramos a las corporaciones profesionales de derecho público y las corporaciones económicas de derecho público, esto es, los colegios profesionales y las cámaras de comercio, entre otras.

Descripción tomada de la RAE. Descripción elaborada por UP.

La RAE la define como «el conjunto de órganos y entidades que, encuadrados en el gobierno estatal, autonómico o local, sirven con objetividad a los intereses generales ejecutando las leyes y prestando los servicios públicos correspondientes».

Descripción tomada de la RAE.