Conforme a la definición de la Real Academia de la Lengua (RAE) se trata de la aplicación de la telemática a la medicina. Estos sistemas permiten la prestación de servicios médicos a distancia. Actualmente, la telemedicina no cuenta con una regulación específica en el ordenamiento jurídico español, no obstante, se hace mención a ella en el Real Decreto 81/2014, del 7 de febrero, que aborda la asistencia sanitaria transfronteriza. Por su parte, la última actualización del Código Deontológico (2022) de la Organización Médica Colegial dedica uno de sus capítulos a la telemedicina y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Definición elaborada en base a la RAE y referencia al Real Decreto 81/2014, del 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y el Código deontológico de la Organización Médica colegial.

Los terapeutas ocupacionales se ocupan de la promoción de la salud y el bienestar a través del uso terapéutico de la ocupación. Su principal objetivo es capacitar a las personas para participar en sus actividades de la vida diaria y así conseguir una vida lo más plena posible. Sus “herramientas” son las propias actividades de la vida diaria junto con la estructuración o adaptación del medio ambiente o el uso de productos de apoyo (ayudas técnicas).

El artículo 7.2.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se refiere a las principales funciones de la siguiente manera: corresponde a los Diplomados universitarios en Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales funciones

Descripción aportada por el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales, recogida en las páginas finales de la revista Profesiones editada por Unión Profesional y completada con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre.

A efectos de la Directiva del test de proporcionalidad para nuevas regulaciones profesionales, aprobada en 2018, a través de evaluaciones previas de proporcionalidad antes de introducir nuevas regulaciones que puedan suponer dificultad de acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio.

«A la hora de evaluar la proporcionalidad de una disposición nueva o modificada, los países de la UE deben tener en cuenta una serie de criterios de proporcionalidad establecidos por el Tribunal de Justicia, como:

• si la medida puede alcanzar el objetivo de interés público y si dicho objetivo se persigue de manera congruente y sistemática con actividades comparables,
• si las normas existentes, como la normativa relativa a la seguridad de los productos o la normativa en materia de protección de los consumidores, no pueden alcanzar el objetivo,
• la repercusión en la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios en la UE, en la libertad de elección de los consumidores y en la calidad del servicio prestado,
• si los medios menos restrictivos podrían alcanzar el objetivo de interés público,
• el efecto de las disposiciones nuevas cuando se combinan con otros requisitos».

La directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico español, mediante Real Decreto 472/2021.

Definición elaborada en base a la normativa sobre la aplicación del test de proporcionalidad antes de la adopción de nuevas regulaciones de profesiones y síntesis recogida en la web oficial de la Unión Europea.

Podrían definirse como los títulos oficiales en el ámbito de la ingeniería que no habilitan para el ejercicio profesional, es decir, los títulos obtenidos cumplen con la normativa y requisitos oficiales, pero no habilitan para el ejercicio. Desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, alertan de la existencia de más de un centenar de titulaciones.

A efectos de reconocimiento de cualificaciones profesionales, a) se entiende por título de formación «todo diploma, certificado y otro título expedido por una autoridad de un Estado miembro de la Unión Europea, competente en la materia, que sancione oficialmente una formación profesional adquirida de manera preponderante en la Comunidad.

b) Asimismo, quedará equiparado a un título de formación cualquier título de formación expedido en un tercer país, siempre que su titular tenga, en la profesión de que se trate, una experiencia profesional de tres años en el territorio del Estado miembro que haya reconocido dicho título de formación y sea certificada por este. Para las profesiones reguladas contempladas en el capítulo III del título III, este primer reconocimiento deberá haberse realizado cumpliendo las condiciones mínimas de formación que se establecen en dicho capítulo. (art. 4.13).»

Descripción en el marco del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

A efectos del Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, consiste en «aquel exigido para el ejercicio de una profesión regulada en España, cuyo diseño y directrices respondan a lo dispuesto en los artículos 14.8 y 17.6 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, según se trate respectivamente de enseñanzas de Grado o Máster Universitario» (art. 2).

Definición de acuerdo con el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores.

A efectos del real decreto por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español el test de proporcionalidad, es una «modalidad de regulación de una profesión en la que el uso del título en una actividad profesional o grupo de actividades profesionales está sujeto, de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de una cualificación profesional específica y en la que el uso indebido de dicho título está sujeto a sanciones» (art. 3.b).

Descripción en el marco del Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones

Promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, se interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.

Descripción proporcionada por el Consejo General de Colegios de Trabajo Social, recogida en las páginas finales de la revista Profesiones editada por Unión Profesional.

Profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.

Definición aportada por el Consejo General del Trabajo Social.

A efectos del Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECES), consiste en el «proceso que permite que los créditos que una persona haya acumulado en un contexto se valoren y reconozcan en otro contexto» (art. 2).

Definición extraída del Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECES)

A efectos de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los Consejos Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, en calidad de corporaciones de derecho público, se encuentran entre los sujetos obligados a cumplir con lo dispuesto por la citada Ley, concretamente, en «aquellas actividades sujetas a Derecho Administrativo». El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) actúa como autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Entre ellas se encuentra específicamente, y en lo que afecta a las corporaciones profesionales de derecho público, «d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales» (art. 38.1). Es por ello, que, con carácter anual, las sedes electrónicas de los Consejos Generales y Superiores de Colegios profesionales son sometidos a un ejercicio de evaluación de cumplimiento de acuerdo a un índice de cumplimiento de información obligatoria (ICIO), en materia de publicidad activa, singularmente, siendo recogidos y publicados los resultados de los mismos en el portal del CTBG.

Concepto elaborado en base a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y actividades de evaluación del CTBG.