El lenguaje claro fue uno de los temas abordados durante los días del 4 al 8 de noviembre en la Semana de Encuentros celebrada por el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas (Ceapat) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Una cita que contó con la participación de Unión Profesional en la mesa «El lenguaje claro para todas las personas, en diferentes entornos», moderada por Cristina Larraz Istúriz, responsable del Área de Arquitectura del Ceapat.
El derecho a entender constituye un derecho fundamental que, a su vez, está relacionado con el derecho a la información. La llegada de la norma UNE ISO 24495-1 sobre lenguaje claro ha permitido avanzar en esta materia, estableciendo una serie de principios rectores y directrices que garantizan una comunicación eficaz entre el emisor y el receptor. De acuerdo con la Asociación Internacional de Lenguaje Claro (Plain), la claridad del mensaje está marcada por la lengua, la estructura y el diseño, de forma que su destinatario pueda encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y tomar una decisión en base a esa información.
La sesión en la que participó Unión Profesional comenzaba distinguiendo entre dos conceptos: lenguaje claro y lectura fácil. Mientras que el primero tiene como destinatario final a la ciudadanía en su conjunto, la lectura fácil va dirigida a personas con dificultades lectoras. «El lenguaje claro implica expresión y comprensión, ya sea oral o escrita», indicaba Clara Delgado, logopeda en el Ceapat.
Además de la norma ISO citada anteriormente, Cristina Carretero, Doctora de Derecho Procesal y profesora de esta materia en la Universidad Pontificia de Comillas, destacó otros dos hitos que han favorecido el uso del lenguaje claro. Por un lado, la Ley de accesibilidad cognitiva, aprobada en 2022 y que, pese a no hacer mención expresa al mismo, ha permitido avanzar en esta materia y, por otro, la constitución, ese mismo año, de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la Real Academia Española (RAE). En esta última iniciativa se enmarca la garantía del derecho a entender. No obstante, para Carretero el punto de inflexión en materia de lenguaje claro lo supuso la creación en el año 2009 de la Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico, a propuesta del Ministerio de Justicia, espacio en el que las profesiones colegiadas están representadas.
Cristina Larraz, moderadora de la mesa, destacó el informe Profesiones colegiadas y sector empresarial en pro de la seguridad nacional, elaborado por Unión Profesional y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el marco del Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional, en el que ambas entidades cuentan con una vocalía. Del mismo, presentado el pasado julio, se extraen cinco bloques de análisis:
- Desinformación;
- Políticas públicas y su regulación;
- Identidad y estatus de las profesiones;
- Medioambiente, energía y cambio climático; y
- Tecnologías disruptivas, ciberseguridad e IA.
El informe es la antesala de una serie de acciones que se están llevando a cabo desde Unión Profesional, orientadas a concienciar sobre la importancia de que las profesiones colegiadas adopten medidas que permitan reducir los efectos de la desinformación, proporcionar certidumbre a la ciudadanía y situarse como referentes en el suministro de información rigurosa, clara y veraz
En la palabra “confianza” reparaba Dolores Martín, directora del departamento de Estudios e Innovación de Unión Profesional, quien destacó como el debido uso del lenguaje permite realizar un ejercicio de acercamiento entre el profesional y el destinatario de los servicios profesionales, además de garantizar el acceso a sus derechos. En este ejercicio confluyen dos cuestiones esenciales: «el derecho a estar informado y el deber a informar del profesional». En relación con este último destacó la obligación del profesional de velar por que el cliente, paciente o usuario esté informado y comprenda la información que se le traslada. Una práctica para la que sería fundamental la función deontológica, relacionada a su vez con la incorporación del lenguaje claro en la cultura y buen gobierno corporativo.
Por su parte, Ana Etchenique, presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) aludió en este mismo espacio a como «todos los derechos como consumidores están comprometidos por el lenguaje». Es por esto, por lo que el lenguaje claro parte de realizar un ejercicio de empatía, en el que el emisor quiere y busca la manera de ser entendido.
Accede a la sesión del día 7: “Miradas sobre la accesibilidad”
