Patricia Bárcena es adjunta segunda al Defensor del Pueblo. Licenciada en derecho, diplomada en criminología y especialista universitaria en gestión de entidades no lucrativas, ha ejercido como abogada en materias vinculadas a la defensa de los derechos humanos durante 25 años. Es especialista en derecho de extranjería y protección internacional, ámbitos en los que ha desarrollado tareas docentes.
Reconozco, de alguna manera, una identidad entre las materias sobre las que trabaja la institución, el Defensor del Pueblo y Unión Profesional -seguridad pública, educación, empleo, sanidad, política social, igualdad, medio ambiente…-, y la transversalidad de las materias que aborda la asociación, más aún cuando el objetivo es el interés general:
- ¿Cómo cree que pueden contribuir las profesiones colegiadas en la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía a través del ejercicio de sus profesionales, en sintonía con las necesidades identificadas por el Defensor del Pueblo? ¿Cuáles son los ámbitos en los que podrían jugar un papel más necesario o relevante en nuestra sociedad?
El hecho mismo de que una determinada profesión considere que debe articular su organización a través de una corporación ya implica un compromiso con el conjunto de la sociedad. Es en sí misma una respuesta que pone el acento en la dimensión comunitaria del trabajo individual. Es también la constatación de que, además de una responsabilidad personal, existe también otra de carácter más colectivo, derivada de la confianza que la sociedad en su conjunto ha puesto en determinados perfiles de personas, por su saber y pericia, y a los que por encima de individualidades nos contempla colectivamente como garantes de determinados valores y fines.
Toda sociedad bien armonizada requiere de estos elementos que dan seguridad y confianza. De tan asumido que lo tenemos, a veces se nos pasa. Los colegios están principalmente para garantizar que los y las profesionales hacen y van a hacer lo que deben. Y esto es una potente palanca que debe ser usada tanto para transmitir para qué y por qué estamos aquí como para reclamar hacia dentro de cada profesión estándares ambiciosos de calidad profesional.
El ejercicio de la profesión (en cualquier ámbito) desde una perspectiva de los derechos humanos, esto es, poniendo el foco no solo en el interés individual (propio o del cliente) sino también en el colectivo, midiendo el impacto que las actuaciones tienen sobre terceros o sobre el resto de la sociedad, contribuye a la defensa de los derechos de las personas y a la construcción de un mundo más equitativo y justo.
En un contexto en que la sociedad es cada vez más compleja y diversa, los profesionales -que vivimos, trabajamos y servimos en medio de ella- estamos en una posición idónea para distinguir donde están las carencias, en dónde y respecto de quien se debe hacer un esfuerzo mayor. Y eso nos debiera obligar no sólo a evaluar críticamente nuestro propio desempeño, sino a buscar espacios multidisciplinares que contribuyan a un ejercicio profesional más acorde con esa perspectiva.
El ejercicio de la profesión (en cualquier ámbito) desde una perspectiva de los derechos humanos, esto es, poniendo el foco no solo en el interés individual (propio o del cliente) sino también en el colectivo, midiendo el impacto que las actuaciones tienen sobre terceros o sobre el resto de la sociedad, contribuye a la defensa de los derechos de las personas y a la construcción de un mundo más equitativo y justo.
- ¿Qué relevancia atribuye a que los y las profesionales cuenten con una formación continua de calidad, el desempeño del ejercicio bajo unos valores profesionales y sujetos a una deontología profesional controlada por la corporación colegial? ¿Entiende la búsqueda de la excelencia profesional como una garantía para los derechos de la ciudadanía y el interés general?
En el mundo de la abogacía del que yo vengo la formación continua ha sido una batalla que hemos librado desde los colegios y desde las asociaciones permanentemente. No creo que haya una profesión que pueda permitirse «vivir de las rentas» en este ámbito. O dicho de otra manera, quien no esté dispuesto a formarse a lo largo de su vida profesional simplemente no será un buen profesional.
Por otro lado, considero que la formación no es más que un medio, pero se desperdicia si no se ve como un instrumento al servicio del verdadero fin: la mejora del servicio a la ciudadanía que se ha de prestar.
Y aquí, como usted señala, no estamos sólo ante un prurito de buen profesional, sino ante una garantía de los derechos de todas las personas. Pensemos en el salto cualitativo que supone disponer de una casa bien diseñada y ejecutada, o en una atención sanitaria centrada en las personas más que en los procesos, o en el valor auténticamente determinante de una asistencia jurídica activa e individualizada para una persona que está en el límite de la vulnerabilidad (pienso en menores, en personas refugiadas, en víctimas de violencia en sus amplias y diversas formas). Estamos ante derechos -a una vivienda digna, a la protección de la salud, a la defensa y la tutela judicial efectiva-, que sin profesionales competentes y comprometidos no tendrán viabilidad práctica.
Considero que la formación no es más que un medio, pero se desperdicia si no se ve como un instrumento al servicio del verdadero fin: la mejora del servicio a la ciudadanía que se ha de presta
- ¿Cómo puede la ciudadanía conocer mejor el papel del Defensor del Pueblo e identificar cuándo o en qué situaciones es oportuno acudir a esta institución? ¿Y las corporaciones colegiales, así como sus profesionales?
Nuestra institución se concibió como una fórmula ágil, cercana e informal abierta a todas las personas, con independencia de su situación jurídica, edad, posibilidades económicas o capacidad intelectual. Forma parte de nuestra identidad esa vocación de servicio, casi diría que universal. Por eso procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, ser accesibles para todas las personas y por el mayor número de medios posibles. Es algo que permanentemente estamos cuestionándonos: si tenemos no solo los medios suficientes, sino los más adecuados y adaptados a cada persona.
Con la generalización de las comunicaciones digitales intentamos ofrecer contenidos y canales diversificados, pero el reto es como lograr «posicionar» nuestras explicaciones y nuestros mensajes de una forma que lleguen a los potenciales destinatarios.
En cualquier caso, hemos de ser conscientes de que por mucho que lo intentemos habrá siempre ámbitos y colectivos de personas a los que no seremos capaces de llegar. Y ante eso, la única herramienta de la que disponemos es la de actuar de oficio y acudir a los centros y dependencias de cualquier administración (no solo oficinas, sino también residencias, hospitales, escuelas, prisiones, etc.) para comprobar sobre el terreno como están haciéndose las cosas.
En esta tarea, que podríamos llamar de «minería de casos», los profesionales pueden ofrecernos, y de hecho lo hacen, mucha información de hacia donde debemos mirar. Esta nos llega en quejas -por ejemplo, presentadas por abogados- sobre asuntos concretos. También hemos tenido experiencias sobre el establecimiento de canales más generales de colaboración, puestos en marcha para la elaboración de informes monográficos (los ha habido, por ejemplo, sobre sanidad, sobre menores o sobre atención jurídica a personas extranjeras) e incluso alguna experiencia de consulta sobre dependencias concretas, como una iniciativa que se denominó «Encuesta Venia» y que pulsaba el parecer de los abogados y las abogadas sobre las condiciones en las que tenían que desarrollar su labor de asistencia jurídica en cada dependencia de detención policial que visitábamos.
- Desde una perspectiva profesional, ¿cuáles son las principales quejas que reciben? ¿En qué ámbitos se perciben espacios de mejora?
En los ámbitos de los que yo me ocupo de forma más directa, el principal colectivo que acude a la institución con quejas, tanto relacionadas con personas individuales como con asuntos generales, es la abogacía de extranjería. Estas quejas versan sobre una amplia gama de procedimientos y han dado lugar a lo largo de los años a multitud de resoluciones del Defensor del Pueblo que me atrevo a pensar que han tenido mucho impacto en la evolución del derecho de extranjería en su sentido más amplio.
Sin embargo, aún quedan importantes retos por delante, principalmente en la prestación de la asistencia jurídica a las personas que llegan a nuestras costas en situaciones de especial vulnerabilidad puesto que, desgraciadamente y pese a la constante formación y esfuerzos por facilitar la tarea que se ha realizado desde el Consejo General de la Abogacía, seguimos detectando enormes carencias.
Quiero aprovechar la oportunidad de asomarme a estás páginas, para animar a los profesionales a que perseveren en esta labor de denuncia de problemas que consideren estructurales y sean competencia de las administraciones.
La propia gestión de los colegios es también motivo de quejas en algunos ámbitos. Nosotros en este punto estamos obligados a distinguir entre aquellas actuaciones vinculadas a las facultades públicas que se asocian a estas corporaciones y aquellas otras relacionadas con el carácter asociativo de las mismas, asunto en que no podemos entrar. Es verdad que esa distinción en algunas ocasiones no es cosa sencilla, pero nos toca interpretar en un sentido acorde con la plena vigencia de los derechos y libertades constitucionales esos límites.
Además, recibimos algunas quejas en los que profesionales de diversas ramas nos llaman la atención sobre modificaciones de normas específicas (por ejemplo, ordenanzas municipales de ruido, de ordenación urbanísticas o tributarias) o sobre carencias en la normativa o en las políticas públicas que nos permiten examinar cuestiones con un enfoque más elevado que el de un caso individual.
Sobre esto quiero aprovechar la oportunidad de asomarme a estás páginas, para animar a los profesionales a que perseveren en esta labor de denuncia de problemas que consideren estructurales y sean competencia de las administraciones. La nuestra no es una institución que pueda asegurar resultados, pero sí somos una institución de esfuerzos que cuenta con un magnífico equipo de especialistas en las distintas materias que garantizan el estudio de cada problema con indudable interés y toda su capacidad volcada en los derechos de la ciudanía.
