Bajo el hagstag #ProfesionesHumanas y en el marco del 72 aniversario de la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, las profesiones toman la palabra mostrando la labor de sus fundaciones y ONG´s durante la pandemia del COVID-19.
Favorecer el acceso a la Justicia de los ciudadanos es el principal cometido que cumple la Abogacía, si utilizamos una perspectiva sociopolítica. No es, por tanto, casualidad que las personas vulnerables y con menos recursos ocupen una parte de la actividad general de esta profesión, ya que, como todo el mundo sabe, son precisamente ellas las que encuentran más barreras y obstáculos para acceder a la Justicia. No siempre tienen a su alcance un tribunal cuando lo necesitan, el dinero para sufragar un procedimiento judicial o el conocimiento mínimo sobre el funcionamiento de la administración ni sobre sus derechos.
Las personas en situación de vulnerabilidad, además, están particularmente expuestas ante fenómenos adversos, incluyendo desastres naturales, conflictos armados, crisis económicas o emergencias de salud pública graves como la que estamos viviendo a causa de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, las familias en las que ningún miembro tiene empleo, los migrantes que pierden su estatus legal y corren el riesgo de ser expulsados del país en donde residen, las personas dependientes o las privadas de libertad atraviesan situaciones en las que las necesidades de protección jurídica, por un lado, pueden afectar a derechos muy básicos y, por otro, no pueden obtenerla a precio de mercado por sus aprietos económicos.
Durante la pandemia del COVID-19, el acceso a las prisiones se ha visto restringido por motivos de seguridad sanitaria, afectando a la atención que los presos y presas precisan de sus abogados
Acceso restringido a las prisiones
Como parte de su actividad habitual, la Fundación Abogacía Española lleva varios años trabajando por un mejor acceso a la Justicia de los españoles que se encuentran en cárceles en el extranjero. Durante la pandemia del COVID-19, el acceso a las prisiones se ha visto restringido por motivos de seguridad sanitaria, afectando a la atención que los presos y presas precisan de sus abogados. En esa situación generalmente precaria y a veces realmente miserable, las visitas de letrados se han visto interrumpidas. Ello ha supuesto un verdadero impedimento para preparar la defensa de los detenidos provisionales en sus procesos penales, para propiciar la aplicación de los permisos y beneficios penitenciarios en los plazos previstos o para recabar denuncias sobre posibles malos tratos o torturas.
Sin embargo, desde la Fundación se ha seguido trabajando, atendiendo las distintas peticiones de atención jurídica recibidas telefónicamente procedentes de diferentes países del mundo, así como repatriando a varios españoles que se encontraban en libertad sin posibilidad de regresar a España.
Perú es uno de los países donde más arraigo tiene la colaboración de la Fundación, pues hace unos pocos años era el lugar en el que la población reclusa española era mayor (más de 300 personas). Así, entre la Sección de Protección y Asistencia Consular del Consulado de España en Lima, que conoce de primera mano las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas españolas privadas de libertad, y una letrada en el país que asiste directamente a estos últimos, nos interesamos con preferencia de quienes se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad.
Desde la Fundación se ha seguido trabajando, atendiendo las distintas peticiones de atención jurídica recibidas telefónicamente procedentes de diferentes países del mundo, así como repatriando a varios españoles que se encontraban en libertad sin posibilidad de regresar a España
Repatriación de ciudadanos españoles
Como resultado de la mencionada colaboración, la Fundación Abogacía Española, por ejemplo, ayudó en septiembre al traslado a España de tres ciudadanos españoles que finalizaron el cumplimiento de sus sentencias en cárceles peruanas entre finales del 2019 y durante el período de la pandemia por COVID-19. Por contar con antecedentes penales en Perú no podían optar a un permiso de trabajo en el país, y tampoco contaban con los recursos económicos suficientes para regresar a España.
En su día, estas personas accedieron a ser “mulas” a cambio de una cantidad de dinero, previamente captadas y engañadas por mafias perfectamente estructuradas. Se trata de tres hombres que de media han pasado ocho años en la cárcel por delitos de tráfico de estupefacientes, con numerosas afecciones de salud que se han visto agravadas tras su paso por los centros penitenciarios.
Constituyen así el último eslabón de la cadena, asumiendo penas de prisión en cárceles extranjeras que posiblemente nunca hubieran imaginado. Experimentan una especie de limbo personal y jurídico que los sume en un estado de estrés postraumático que debe ser tratado por profesionales de manera específica y diferenciada a su llegada a España.
Proyecto Restauravidas
A través del programa Restauravidas, la Fundación Abogacía Española les ha brindado asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones una vez han regresado, así como acompañamiento psicológico para facilitar el proceso de sanación tras la experiencia traumática mencionada.
En cuanto al futuro, si bien aún hoy se desconoce el impacto de la pandemia en el mercado de las drogas, es probable que sea de gran alcance. Tomando como referencia las consecuencias derivadas de la crisis económica del 2008, con el aumento del desempleo y la falta de oportunidades consecuencia de la COVID-19, será más probable que las personas pobres y desfavorecidas caigan en hábitos nocivos de consumo de drogas, sufran como consecuencia trastornos o recurran a actividades ilegales vinculadas a las drogas –incluyendo transporte–, por lo que tal vez viviremos un incremento de la necesidad de atención a españoles en el exterior que actúen delictivamente dentro de esos entramados.
Elisa Marraco y Francisco Segovia. Fundación del Consejo General de la Abogacía Española
