Convenio de colaboración entre UP y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)
En la tarde del 25 de febrero de 2020, Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), y Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, han firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones con el propósito de velar por el bienestar y la protección de los consumidores de los servicios profesionales.
Carlos Ballugera ha destacado la oportunidad de sinergia que supone este acuerdo entre profesiones y consumidores haciendo especial énfasis en cuestiones transversales de actualidad como la publicidad, el intrusismo y la protección de datos, siendo la base del convenio la puesta en valor de la función deontológica de los colegios profesionales. Victoria Ortega, por su parte, ha celebrado esta alianza por tratarse de un acuerdo «necesario y lógico» recogido en el Plan Estratégico de Unión Profesional.
Desarrollo del convenio
Para llevar a cabo el cometido de protección de los consumidores, ambas instituciones se han comprometido a colaborar en temas clave como la definición y prevención de los derechos de los consumidores, así como la evaluación en el medio plazo de las normas deontológicas que regulan el ejercicio de las profesiones colegiadas como garantía institucional de la buena práctica profesional.
El acuerdo prevé la puesta en marcha de un estudio sobre la función deontológica de los Consejos Generales y Colegios Nacionales con el fin de consolidar un marco preventivo y sancionatorio acorde al comportamiento que los profesionales han de tener con respecto a sus clientes, pacientes, consumidores y/o usuarios de sus servicios profesionales. Este estudio es un paso previo a la concreción de la definición e implantación de un marco general de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de los consumidores que reciben los servicios profesionales.
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) es el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal y tiene por misión defender los intereses de los consumidores incidiendo en la toma de decisiones adoptadas por los poderes públicos en relación a las políticas de consumo.
