Sobre la Ley de Servicios y Colegios Profesionales

En línea con la incertidumbre imperante en los últimos tiempos, el subsector de los servicios profesionales continúa expectante sobre lo que ocurra finalmente con una ley que, en el caso de ver la luz sin incorporar los planteamientos que con toda determinación hemos realizado, podría afectar a la esencia de las profesiones colegiadas en nuestro país y, lo que es más preocupante, tener graves consecuencias para la ciudadanía.

El «mercado» de los servicios profesionales se basa en la confianza, una «cualidad» imprescindible para que el usuario o consumidor decida contratar los servicios de un determinado profesional o ser atendido por éste. Como ciudadanos, ponemos nuestra salud, seguridad, bienes, patrimonio u otros muchos servicios generales, en sus manos y debemos tener la suficiente certeza de la buena práctica de ese profesional. Por ello —y para ello— existen los colegios profesionales y la colegiación: para velar porque sus profesionales cumplan en todo momento con las normas deontológicas establecidas en el seno de la profesión. De ahí que se inste al legislador a mantener la colegiación en todas las profesiones sanitarias en las que, como ocurre en las jurídicas, científicas, económicas, sociales y técnicas, se ven afectados derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pero, además, y en ello coincidimos con el Consejo de Estado, el profesional debe estar colegiado en aquel colegio donde tenga su domicilio habitual de manera que quede mejor respetada, como dice el dictamen del Consejo de Estado, «la función de garantía social del adecuado ejercicio de las profesiones» y, por ende, protegidos más adecuadamente los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados.

En el último texto conocido de Anteproyecto —fechado el 20 de diciembre— todavía se observaba una intolerable injerencia por parte de una Administración indefinida, que anularía la autonomía y autorregulación de los Colegios. Además, el hecho de incorporar en una ley limitación a las cuotas colegiales no es ajustado a técnica legal ni a la realidad de los colegios profesionales ya que, en la mayoría de los casos, su coste se encuentra justificado por los servicios prestados tanto a la sociedad como a los colegiados. Por último, me gustaría que desaparezca la Comisión de Reforma de las Profesiones, prevista asimismo en el Anteproyecto mencionado, que considero innecesaria ya que desde los ministerios de adscripción ya se llevan a cabo las funciones previstas para ella.

Desde Unión Profesional, hemos propuesto —como lo llevamos haciendo desde hace años— la creación de una Comisión Consultiva de las Profesiones de carácter mixto y paritario (con representantes de los Ministerios y las organizaciones interprofesionales) para la emisión de informes sobre normativa o para el desarrollo de la representación y coordinación de las diferentes organizaciones colegiales tanto en el ámbito estatal como ante las instituciones de la Unión Europea.