La Comisión Europea abre procedimiento de infracción a España ante la paralización de la reforma de los servicios profesionales.
«La libre prestación de servicios es uno de los pilares del mercado único. En algunos estados miembros siguen existiendo barreras –ya sea en forma de restricciones a la forma jurídica y la participación en el capital o de requisitos en materia de titulaciones o tarifas fijas- que impiden que tanto sociedades como particulares presten sus servicios libremente en toda la UE. Hoy, no solo estoy lanzando una advertencia; estoy enviando un mensaje de oportunidad: un mercado único de servicios profesionales dinámico conducirá a una economía europea más competitiva, que redundará en beneficio de todos». Son palabras de la comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, recogidas en el comunicado que lanzaba la Comisión Europea el 18 de junio, en el que volvía a pronunciarse sobre la reforma de los servicios profesionales en España. Mediante este comunicado, la CE anunciaba el inicio de un procedimiento de infracción a nuestro país por la existencia de «obstáculos excesivos e injustificados» en este ámbito. La misma acción y por los mismos motivos era iniciada también contra Alemania, Chipre, Malta, Austria y Polonia.
La CE pide a estos Estados miembros que adaptan las nomas que rigen los requisitos en materia de participación en el capital, así como las prohibiciones relativas a las prácticas multidisciplinares (para los arquitectos e ingenieros en Chipre, Malta y Austria y para los agentes de la propiedad industrial en Austria), y que deroguen las tarifas mínimas obligatorias (para los procuradores en España, los arquitectos, ingenieros y asesores fiscales en Alemania, los agentes de la propiedad industrial en Polonia y los veterinarios en Austria). Asimismo, la CE muestra su preocupación por la legislación vigente en España, en virtud de la cual determinadas actividades de los procuradores son incompatibles con las de los abogados.
A partir de dicha fecha, los Estados miembros mencionados disponen de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la CE pues se trata de la primera etapa de un procedimiento de infracción y constituye una petición oficial de información.
Por su parte el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, recordaba en la Universidad Menéndez Pelayo, la insistencia de este órgano en «reflexionar» sobre los «privilegios de los colegios profesionales», que considera «un nicho» para el empleo. Marín Quemada advertía de la posibilidad de haberse evitado la apertura de expediente a España por este asunto por parte de Bruselas si el Gobierno no hubiera tomado medidas que terminaran restando poder a la CNMC.
