Sobre el estado de las negociaciones entre EE. UU. y la Unión Europea al respecto de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión.
Las negociaciones y gestiones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), continúan su transcurso, si bien, con críticas en ascenso desde la esfera social y, al mismo tiempo, con mayor ánimo impulsor en el área institucional.
Aprobación de las recomendaciones sobre el TTIP por la comisión de Comercio del Parlamento Europeo
El 28 de mayo la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) aprobó las recomendaciones a los negociadores de la Comisión Europea (CE) sobre el TTIP. Se trata del primer pronunciamiento a favor de proseguir con el TTIP por parte de la Eurocámara. No obstante, tendrá que pasar por la aprobación del Pleno de la institución parlamentaria, previsiblemente, el 10 de junio. Dentro de las recomendaciones compuestas por los eurodiputados se plantean algunos de los temas más polémicos como la reforma del sistema de protección de inversiones, es decir, el denominado como ISDS por sus siglas en ingles. Así, este mecanismo se articularía con «jueces independientes nominados de manera pública», «audiencias públicas» y un «mecanismo de apelación» con la premisa de respetar las jurisdicciones de los tribunales de los miembros europeos y comunitarios conforme a la propuesta que presentó a comienzos de mayo la comisaria de Comercio de la CE, Cecilia Malmström. Igualmente, se incide en que los servicios públicos como salud, educación, sistemas de seguridad social, servicios sociales o la gestión del agua, entre otros, deberían quedar fuera del acuerdo. Hay que subrayar que estas recomendaciones parten de un documento fechado en febrero al cual se efectuaron enmiendas aprobadas la pasada semana.
Consideración de los servicios profesionales y reconocimiento mutuo
Es importante señalar las menciones efectuadas en el ámbito de las profesiones. De esta forma, se pide tener en cuenta «los fuertes intereses de los sectores de servicios altamente especializados, por ejemplo, en el área de ingeniería y otros servicios profesionales». Asimismo, a continuación se apremia a «esforzarse para asegurar un reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, en particular, a través de la creación de un marco jurídico con los estados federales que tienen facultades de regulación en este ámbito, con el fin de permitir a los profesionales de la UE y de Estados Unidos ejercer a ambos lados del Atlántico y para facilitar la movilidad de los inversores, profesionales, trabajadores altamente cualificados y técnicos en los sectores cubiertos por el TTIP».
Esta acción del Parlamento Europeo se suma a la acometida por el Senado de EE.UU. el 23 de mayo cuando aprobó la legislación conocida como fast track, la cual permitirá a la Administración de Obama negociar con menos trabas y mayor agilidad con Bruselas. Sin embargo, el texto deberá someterse al filtro del Congreso donde se prevén mayores dificultades ante el rechazo mostrado por varios miembros demócratas y republicanos que ven en el TTIP una amenaza a su industria y al mercado laboral. De aprobarse esta medida, el Congreso solo podría establecer unas directrices de base para la negociación, pero su potestad se limitaría únicamente a aprobar o rechazar el tratado, no enmendarlo.
El TTIP en España
En el ámbito nacional, el Gobierno ha manifestado en numerosas ocasiones su adhesión y promoción del TTIP. Tanto es así, que el próximo 11 de junio, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, comparecerá en el Congreso para remarcar y defender los beneficios que se derivarían de la aprobación del tratado centrados, de manera principal, en las industrias agroalimentaria y del automóvil. En este sentido, Antonio Fernández-Martos, director general de Comercio e Inversiones aseguró recientemente que el TTIP preservaría el derecho de los Estados a mantener su autonomía regulatoria conforme al interés público, si bien, sin favorecer los intereses de empresas de un país sobre otro.
Por su parte, el rechazo social al TTIP es patente y muestra de ello se pudo comprobar con las movilizaciones del 18 de abril en el denominado Día de Acción Global contra el TTIP en el que numerosas ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia acogieron manifestaciones y diversos actos de protesta por considerar que el acuerdo rebajaría las condiciones laborales, afectaría a los servicios públicos y degradaría el medio ambiente.
Plazos de aprobación
La pretensión expuesta desde ambos lados del Atlántico es rubricar el tratado antes de los comicios a la presidencia de los EE.UU. en noviembre del 2016 y que su entrada en vigor se produzca ya en el 2017. Con anterioridad a esta fecha, la próxima cita tendrá lugar, presumiblemente en Bruselas a finales de julio en la que será ya la décima ronda negociadora. García Bercero, el jefe negociador por la UE, sostuvo que será en esta ronda donde se retomen las conversaciones en torno al sector servicios después de que los negociadores hayan intercambiado en los últimos meses borradores y nuevas perspectivas. Mientras, Cecilia Malmström, expuso en Madrid que «las conversaciones sobre las materias sensibles de la negociación llegarían en el mes de septiembre».
En cuanto a la novena ronda celebrada el pasado abril entre los días 20 y 24 en New York, se abordaron nueve sectores: automóvil, industria farmacéutica, dispositivos médicos, cosméticos, ingeniería textil, medicamentos, productos químicos y las TIC. En dichos sectores, Berceró afirmó que se identificaron áreas concretas de avance y puntos en común para logar una mayor convergencia regulatoria.
