Artículo de Opinión de Carlos López Blanco, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España.

Durante los últimos años el debate público sobre la revolución tecnológica ha estado dominado por una idea central: la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Europa, y particularmente España, ha avanzado de forma significativa en este terreno con iniciativas como la Carta de Derechos Digitales. Sin embargo, la aceleración de la transformación tecnológica ha puesto de manifiesto otra realidad: los derechos por sí solos no bastan. Para que estos derechos sean efectivos es necesario definir también los deberes y responsabilidades que deben asumir quienes operan en el ecosistema digital.

Ese es precisamente el objetivo de la Declaración de Deberes y Responsabilidades Digitales, un documento de la Fundacion Hermes que busca completar el marco jurídico y ético de la sociedad digital describiendo obligaciones claras para los distintos actores del entorno tecnológico: poderes públicos, plataformas digitales, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos.

El punto de partida es que en cualquier Estado de Derecho los derechos se sostienen sobre un equilibrio de responsabilidades. La libertad de expresión exige responsabilidad en su ejercicio; la protección de datos requiere obligaciones de custodia y transparencia; la innovación tecnológica necesita reglas que garanticen que se desarrolla respetando los derechos fundamentales. En el mundo digital ese equilibrio se ha vuelto especialmente complejo debido a la aparición de nuevos actores con un poder económico, tecnológico y social sin precedentes.

Las grandes plataformas digitales alcanzan valoraciones nunca vistas, gestionan infraestructuras digitales globales, concentran enormes volúmenes de datos y controlan algoritmos que influyen en el acceso a la información, la publicidad, el comercio o incluso el debate público. Esta realidad ha alterado el tradicional reparto de responsabilidades entre ciudadanos, empresas y poderes públicos. De ahí que la declaración subraye que no se puede colocar al ciudadano al mismo nivel que una gran plataforma tecnológica cuando se trata de determinar deberes y responsabilidades.

Principales desafíos

El documento propone un enfoque estructurado que aborda los principales desafíos de la digitalización.

El primero es el acceso universal a Internet y la reducción de las brechas digitales. El acceso a la conectividad se ha convertido en una condición básica para ejercer derechos fundamentales, desde la educación hasta la participación política o el acceso a servicios públicos. Por ello se establece que los poderes públicos deben garantizar una conexión asequible, de calidad y no discriminatoria, al tiempo que promueven políticas activas de inclusión digital, formación tecnológica y acceso a dispositivos.

La ciberseguridad constituye otro eje central. En una economía cada vez más digitalizada, la seguridad de los sistemas informáticos ya no es un problema técnico limitado a especialistas: es una cuestión de seguridad económica y social en un mundo interconectado. Administraciones y empresas deben adoptar medidas robustas de prevención, gestión de riesgos y respuesta ante incidentes y los usuarios tienen la responsabilidad de mantener prácticas básicas de ciberhigiene.

Un segundo bloque aborda la identidad digital y la protección de los datos personales, uno de los ámbitos donde Europa ha desarrollado una regulación más avanzada. La declaración reafirma los principios clásicos de protección de datos —transparencia, minimización, seguridad o responsabilidad proactiva— y los proyecta sobre nuevas tecnologías emergentes. Entre ellas destacan las neurotecnologías, cuya expansión plantea desafíos inéditos para la protección de la privacidad y la autonomía personal. El documento advierte expresamente contra el uso discriminatorio o manipulador de los llamados neurodatos.

La regulación de los contenidos digitales y la lucha contra la desinformación constituyen otro de los puntos clave. Internet ha ampliado como nunca antes las posibilidades de expresión y acceso a la información, pero también ha facilitado la difusión masiva de contenidos ilícitos o falsos. El texto defiende un equilibrio claro: proteger la libertad de expresión sin renunciar a exigir responsabilidad por los contenidos que vulneren la ley o los derechos de terceros. Las plataformas deben actuar con transparencia en la moderación de contenidos, que debe ser una obligación, y establecer mecanismos eficaces para la rectificación o retirada de información dañina.

Ámbitos vulnerables

La declaración también presta atención a dos ámbitos particularmente sensibles: los menores y la inteligencia artificial. En el caso de los menores, se propone reforzar las obligaciones de las plataformas digitales para evitar prácticas de manipulación, publicidad encubierta o uso indebido de datos personales. Las familias, por su parte, tienen la responsabilidad de acompañar activamente a los menores en su relación con la tecnología.

En cuanto a la inteligencia artificial, el documento insiste en que su desarrollo debe regirse por principios claros: supervisión humana, transparencia, ausencia de discriminación y rendición de cuentas. Los desarrolladores de algoritmos deben identificar y corregir los posibles sesgos que puedan producirse durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial.

Más allá de su contenido concreto, quizá la aportación más relevante de la declaración sea reconocer que la gobernanza del entorno digital no puede descansar exclusivamente en los Estados. Las plataformas tecnológicas, principalmente, las empresas, las organizaciones sociales y los propios ciudadanos deben asumir también responsabilidades en la construcción de un ecosistema digital seguro, justo y respetuoso con los derechos fundamentales.

En otras palabras, la revolución tecnológica no solo exige nuevas regulaciones, sino también una nueva cultura de responsabilidad digital.

El desarrollo de Internet y de la inteligencia artificial ha ampliado de forma extraordinaria las capacidades humanas. Pero esas capacidades también generan riesgos: concentración de poder tecnológico, manipulación informativa, vulneraciones de privacidad o discriminaciones algorítmicas. Frente a estos desafíos, el reconocimiento de derechos es imprescindible, pero insuficiente.

La sociedad digital necesita también un sistema claro de deberes. Solo así será posible garantizar que la tecnología siga siendo una herramienta de progreso y no una fuente de nuevas desigualdades o vulnerabilidades.

La Declaración de Deberes y Responsabilidades Digitales apunta precisamente en esa dirección: completar la arquitectura de derechos digitales con el conjunto de obligaciones necesarias para hacerlos efectivos. En un mundo cada vez más gobernado por datos, algoritmos y plataformas, esa puede ser la pieza que faltaba para construir una verdadera ciudadanía digital.