28 de septiembre – Día internacional del Derecho a Saber
En el Día internacional del derecho a saber reconocido por Naciones Unidas, nos asomamos a una materia de gran complejidad, que mucho tiene que ver con esta efeméride. La frase «la desinformación amenaza la democracia» ha sido citada de manera recurrente durante la presentación del libro: Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional y que cuenta con expertos multidisciplinares, en base a una colaboración público-privada para su redacción.
Miguel Ángel Ballesteros, Director del Departamento de Seguridad Nacional reflejaba en la presentación estas palabras «en los últimos años, los estados democráticos se han visto afectados por distintas campañas de desinformación, con origen o alentadas por actores extranjeros y a menudo replicadas y amplificadas por actores nacionales de forma más o menos intencional. Dichas campañas se focalizaron en afectar procesos electorales, minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones en circunstancias excepcionales, como fue el caso de la pandemia de la COVID-19, así como en fomentar de manera preocupante la polarización y fragmentación social». Es por ello, que el presente trabajo pretende contribuir a una mejor comprensión y dimensión del fenómeno, generar y compendiar contenido sobre los retos y desafíos a los que nos enfrentamos ante las campañas de desinformación, conocer el alcance de su impacto y disponer de herramientas adecuadas para combatirlo.
Transparencia y corporaciones profesionales
Yolanda Quintana, cofundadora y Secretaria General de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), y miembro del grupo de trabajo propuestas de regulación ante la desinformación, que ha contribuido a la redacción del libro, apuntaba que «la transparencia y la involucración de la sociedad civil son herramientas garantes de la prevención de la desinformación». En este sentido, es destacable la notable mejora de las corporaciones colegiales de ámbito nacional en cuanto a la implementación de los criterios de transparencia recogidos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impulsado su adecuación tanto en materia de publicidad activa como de derecho de acceso. Una tarea que supone un ejercicio continuado en el tiempo y un proceso en el que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en coordinación con Unión Profesional, han acompañado a las corporaciones mediante la puesta a su disposición de diversos materiales como estudios, formularios de preguntas y respuestas o guías de consulta, así como la realización de talleres eminentemente prácticos (diciembre 2021, junio 2021).
La labor de conjunto acerca a toda la ciudadanía la información de carácter público que obra en el seno de las corporaciones colegiales, así como una mejor y mayor involucración de los profesionales en las cuestiones corporativas.
Deontología contra la desinformación
Por su parte Aurelio Martín, periodista, moderador y miembro de la FAPE, así como integrante del grupo de trabajo sobre alfabetización mediática, herramienta clave para la desinformación, apuntaba que los profesionales de la información, sujetos al cumplimiento de su deontología profesional, así como los códigos deontológicos, actúan como arma contra la desinformación. Una afirmación acertada dado que se trata de normas de obligado cumplimiento que guían el comportamiento del profesional siendo la proporción de información veraz y adecuada a los consumidores y usuarios, clientes y pacientes, una materia recurrente y, en gran medida, la base de la confianza entre los profesionales y los destinatarios de sus servicios.
En un 28 de septiembre en que ponemos en valor la importancia de la información y el derecho a saber, hemos de recordar que es tarea de todos, sociedad civil, instituciones públicas y privadas y, singularmente, del conjunto de las profesiones mediante la aportación de criterio profesional objetivo y fundado, así como la adhesión a las directrices de cada código deontológico, contrarrestar el impacto de las compañas de desinformación y el fenómeno de la confusión que generan, promoviendo el uso de un lenguaje adecuado y una información veraz y de calidad.
