El pasado año Unión Profesional participaba en el encuentro organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con motivo del Día Internacional de la Convivencia en Paz, celebrado cada 16 de mayo, mediante la intervención de José Antonio Galdón, vicepresidente de Unión Profesional, en la que se destacaba el valor de la deontología y su contribución a una convivencia en paz.
La acción se enmarcaba en el compromiso asumido por CRUE dentro del Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional, orientado a promover la cultura de paz, y en el que Unión Profesional también ostenta una vocalía. Movidos por esta iniciativa, desde la asociación se publicaba un documento con aquellas iniciativas impulsadas por las corporaciones orientadas al fomento del consenso en el ámbito colegial.
En línea con el trabajo que se viene realizando en esta materia, desde CRUE y, coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo (11 de marzo), la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) acogía la presentación del documento Universidades Restaurativas. Guía básica para su desarrollo en España, editada por la plataforma Pacto de Convivencia, que reúne a diferentes entidades de la sociedad civil, entre ellas CRUE, y de cuya red forman parte algunos colegios profesionales.
“Se busca que la Universidad sea capaz no solo de fijar la mirada en lo responsivo y prevenir el conflicto, sino también el daño, adoptando una perspectiva restaurativa”, exponía durante su intervención Ana Ruiz, coordinadora del Pacto de Convivencia. Pese a estar centrada en el ámbito universitario, la guía ofrece una serie de cuestiones relacionadas con la justicia restaurativa y la cultura de paz, que coinciden con las líneas de actuación de las profesiones en su campo de actuación.
La aprobación de la Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria puso fin al Decreto de 8 de septiembre del 1954, que regulaba un régimen disciplinario predemocrático regido por una perspectiva eminentemente punitiva ante el conflicto. Con la llegada de la citada Ley, se definen una serie de condiciones para lograr un sistema universitario coordinado y de mayor calidad, en el que participen todos los agentes de la actividad universitaria. Su objetivo no es tanto acabar con los conflictos, un elemento natural de las relaciones humanas, sino ofrecer una “caja de herramientas” para la prevención, y en su caso la resolución, adoptando un enfoque restaurativo y dando protagonismo a modelos de solución de conflictos entre los que se encuentra la mediación.
UNIVERSIDADES RESTAURATIVAS
A través de sus diez capítulos, la guía trata de orientar a las universidades en el cumplimiento de la citada Ley, planteando una perspectiva práctica y dejando un espacio al Plan Director de Cultura Restaurativa (CURE) y al Programa de Abordaje Restaurativo de Conflictos (ARCO). Plantea, asimismo, un centenar de posibles acciones integrales para hacer frente al conflicto, que se sustentan sobre cinco ejes:
- Gobernanza estratégica restaurativa
- Comunidad y vida universitaria
- Estudios
- Investigación de calidad al servicio de la sociedad
- Digitalización al servicio de la persona
“La guía contempla diferentes niveles de aplicación para que las universidades fijen su camino. Abordar el conflicto implica un servicio multidisciplinar”, apuntaba Alberto Olalde, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), especialista en justicia restaurativa, mediador experto en victimizaciones graves y coautor de la publicación. Durante su intervención, Olalde también señalaba la importancia de no caer en la trampa de ser únicamente responsivos, destacando asimismo la complejidad que acompaña en muchas ocasiones a los conflictos asociados a la universidad. En este proceso sería muy importante que se involucren los órganos de gobernanza de la universidad, de manera que sean parte del mismo todos los actores que integran el tan heterogéneo espacio universitario.
PERSONAS EN EL CENTRO DEL PROCESO
La justicia restaurativa tiene por cometido poner a la víctima en el centro del proceso, asumir la responsabilidad del daño generado y tratar de reparar este último. Para lograrlo, es imprescindible que la persona que lo causa, tome conciencia y repare o pida perdón, una acción que en muchas ocasiones sería difícil de conseguir hasta en el más sencillo de los conflictos, tal y como apuntaba Esther Giménez-Salinas, Defensora del Pueblo de Cataluña, especialista internacional en justicia restaurativa y coautora de la publicación. Pese a ser una versión, a su juicio, más dura de la justicia, creería firmemente en su aplicación en el ámbito universitario. “Si se ha aplicado la justicia restaurativa en el derecho penal, ¿cómo no se va a poder hacer en la universidad?”, reflexionaba. La que fuera también rectora de la Universidad Ramón Llull (Barcelona), hacía un llamamiento a la necesidad de focalizarnos algo más en proteger a la víctima, y algo menos, en castigar.
