Artículo de Opinión de Joaquín Merchán Bermejo, vicepresidente de Unión Profesional y presidente del Consejo de Colegios de Graduados Sociales, por el ‘Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo’.

Hace treinta años se aprobó la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), una norma de gran calado que transformó, de forma irreversible, el modelo de relaciones laborales en nuestro país. Su nacimiento no fue por casualidad, sino que se trató de una respuesta a una exigencia constitucional para proteger la seguridad e higiene en el trabajo, desarrollada en consecuencia a la política comunitaria de la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Desde el inicio, esta Ley ha sido mucho más que un conjunto de normas técnicas, pues representó un cambio cultural de importancia y situó la prevención como elemento central de la actividad laboral, además de vincular la mejora de las condiciones laborales como concepto de progreso social. Ya no bastaba con compensar el daño, era indispensable prevenirlo.

La LPRL introdujo, entre otros aspectos, la integración de la actividad preventiva en todos los niveles de la organización, la evaluación de riesgos, la formación y participación de las personas trabajadoras y la obligación de adoptar medidas eficaces para evitar posibles peligros. Estos principios, lejos de ser abstractos, han guiado decisiones cotidianas en miles de empresas y organizaciones a lo largo de estas tres últimas décadas.

Este 2026, declarado por iniciativa del Gobierno, “Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo” con motivo del trigésimo aniversario de la LPRL, resulta una oportunidad inmejorable para reflexionar sobre cuánto hemos avanzado. Mirar hacia atrás nos permite apreciar los logros incontestables que se han conseguido, como es una cultura preventiva que ha reducido prácticamente a la mitad la mortalidad por accidentes de trabajo, respecto a los niveles de los años anteriores a la Ley, y que ha convertido este ámbito en referencia internacional en muchos aspectos, pero aún nos queda por recorrer. 

El Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo es una llamada a la acción conjunta, a la actualización normativa, al fortalecimiento del diálogo social y al refuerzo de la cultura preventiva como valor intrínseco de nuestra sociedad. El reto al que nos enfrentamos es enorme, pero también lo es la responsabilidad compartida. Porque todos los profesionales estamos llamados a velar por la seguridad y la salud de quienes hacen posible el trabajo, el progreso y la cohesión social.

RIESGOS LABORALES, REALIDAD DRAMÁTICA

Los riesgos laborales siguen siendo una realidad dramática, de hecho, al año en España fallecen más de 700 personas trabajadoras, lo que supone dos personas al día. Unas cifras que, por desgracia, no se les está dando la relevancia que merecen, cuando realmente debería causar alarma social.

Por ello, consideramos que esta situación nos obliga a afirmar que la prevención no es una opción negociable ni un gasto prescindible, sino que se trata de una responsabilidad social compartida entre empleadores e instituciones, donde también cobramos especial importancia los profesionales que actuamos como garantes de derechos y de seguridad jurídica y técnica.

En este sentido, las profesiones con competencias en materia de prevención tienen una función esencial. Ya no solo como técnicos o asesorías externas, sino como agentes éticos que traducen normativa, conocimiento y buenas prácticas en decisiones que pueden llegar a salvar vidas cada día, por eso es vital que la prevención forme parte de la cultura y esté integrada en cada proceso organizativo, mediante el conocimiento y el fomento de la formación continua que exige un mundo laboral en constante transformación. 

También, los riesgos emergentes como el estrés, burnout, amenazas derivadas de nuevas formas de empleo, la digitalización, el envejecimiento de los trabajadores… requieren respuestas que vayan más allá de la aplicación de reglas porque implican un enfoque interdisciplinar y la actualización y evolución permanente de metodologías.

Este año de la Seguridad y Salud en el Trabajo es, por tanto, una llamada a la acción conjunta, a la actualización normativa, al fortalecimiento del diálogo social y al refuerzo de la cultura preventiva como valor intrínseco de nuestra sociedad.

El reto al que nos enfrentamos es enorme, pero también lo es la responsabilidad compartida. Porque todos los profesionales estamos llamados a velar por la seguridad y la salud de quienes hacen posible el trabajo, el progreso y la cohesión social. La prevención no solo es una obligación legal, es un acto de Justicia Social, de dignidad humana y de civismo profesional que define la calidad de nuestra convivencia y el futuro del trabajo en España.