Por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas
Los servicios profesionales se encuentran dentro del denominado sector terciario de la economía, que está dedicado fundamentalmente a ofrecer satisfacción a las necesidades de las personas. Normalmente el sector terciario se centra en la organización y distribución de lo producido por los otros dos sectores: el primario, relacionado con los recursos naturales, y el secundario, que transforma dichos recursos por medio de procedimientos industriales. Esto es, el sector terciario está formado por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. Por ello, también se conoce como sector servicios.
Sector terciario, sector servicios
Se incluyen en el sector terciario áreas tan transcendentes para un país y su economía como el ámbito financiero, el turismo, la hostelería, el transporte, la sanidad, la administración pública y la educación. Dado que los sectores primario y secundario se dedican a la producción de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas las actividades económicas que posibilitan el aumento el bienestar de los consumidores a través de los servicios, es decir la producción de bienes inmateriales. De esta manera el consumidor ve aumentado su bienestar gracias a, entre otros servicios, una salud de calidad, una mejor seguridad física, jurídica y económica, una mayor estabilidad financiera y una mejor formación.
Entre los diversos sectores de la economía, es el único que se ha incrementado tras la crisis económica. Así, según datos del INE, el sector servicios en 2008 aportaba 703.051 millones de euros al país, un 63% del PIB. En 2016, con los primeros síntomas de recuperación económica, su peso en la economía española crece al 67,2%, hasta los 748.911 millones. Por el contrario, la industria disminuyó cuatro décimas (el 16,1% de la producción española y la construcción se redujo de 2008 a 2016 pasando del 10,1% al 5,1%), mientras que la agricultura quedó estancada en el 2,3%.
En cuanto a la comparativa con Europa, España se sitúa en el puesto número 8 de la Unión Europea entre los países con mayor peso del sector servicios en su economía, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Evolución sector servicios
La importancia del sector servicios en el PIB español ha aumentado notablemente a lo largo de los últimos años, pasando de aproximadamente un 67% sobre el PIB en 2005 a un 75% en el año 2015. Entre los países de la UE, la gran mayoría cuenta con una contribución del sector servicios al PIB por encima del 70%, destacando Luxemburgo con un 90%. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el subsector de los servicios profesionales representa casi el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario.
Según Unión Profesional, en 2006, según las estimaciones realizadas, el valor añadido asociado a las profesiones colegiadas en España, teniendo en cuenta tanto lo que aportan los empleos directos como los vinculados de forma asalariada, se situaría en torno a los 53.656 millones de euros. Ello significa que la actividad profesional en nuestro país puede estar suponiendo entre el 8,2 y el 8,8 por ciento del PIB español (Ver cuadro actualizado). Antonio Tajani, impulsor del grupo de trabajo de la Comisión Europea dedicado al fomento del emprendimiento de las profesiones liberales, ha indicado en diversos documentos que en Europa hay 4 millones de profesionales liberales que generan 11 millones de puestos de trabajo, con una facturación de más de 500 millones de euros.
Por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos ha elaborado la lista de países con mayor disponibilidad de personal cualificado a nivel internacional, y, en ella, España ostenta una posición destacada. Nos situamos en el puesto 14, por delante de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia. Se trata de un factor positivo para la competitividad y un atractivo para la inversión extranjera.
La relevancia de la autorregulación
En cuanto al papel autorregulador de las organizaciones profesionales, tiene una función vital para la evolución de las actividades que desarrollamos ya que, por un lado, como colectivos consultivos de la Administración, ayudamos a pulir las leyes y reglamentos, y, por otro, organizamos el marco que deben seguir nuestros asociados con los códigos deontológicos para el ejercicio de las distintas profesiones; y, en tercer lugar, nos convertimos en los defensores de la sociedad y protectores del interés público. Adicionalmente, tras la Ley Omnibus, también contribuimos a la defensa de los consumidores y usuarios, ya que debemos también atender sus posibles quejas y reclamaciones.
La función social de los profesionales nos exige un comportamiento íntegro al servicio de las organizaciones en las que trabajamos, de sus clientes y de la sociedad en general; y la calidad de este comportamiento viene determinada, en primer lugar, por la ley, que todos los ciudadanos debemos acatar y cumplir. Pero más allá de lo que dicte la ley, la conducta de los profesionales debe acomodarse también a otras normas jurídicas como son los principios deontológicos que establecen los requisitos éticos que debemos observar y, sobre todo, los valores que nos permitan desarrollar nuestras capacidades humanas, profesionales y sociales.
Además, nuestros códigos deontológicos recogen principios teóricos y reglas prácticas, así como las experiencias del buen hacer de generaciones de colegiados, que responden al compromiso de los distintos profesionales con los usuarios de sus servicios, con las instituciones públicas y privadas en las que colaboran, con los propios colegios y corporación a la que pertenecen, con los restantes miembros de la profesión y, sobre todo, con el conjunto de la sociedad.
Finalmente, dentro del ámbito económico y empresarial, que representamos, cada vez tiene mayor importancia la responsabilidad social corporativa, como aportación de la empresa a la sociedad en la que se encuentra.
Deontología y productividad
Es importante recordar que Las profesiones colegiadas se han creado y han evolucionado atendiendo a las necesidades y demandas de la sociedad, es decir, siempre nos hemos adaptado a las exigencias de las personas, su actividad, problemas y su bienestar. Nuestra labor, en todas las facetas profesionales, consiste, por un lado, en ayudar a nuestros clientes en su relación con sus proveedores, trabajadores, accionistas y prestatarios de servicios, y por otro, en su relación con las Administraciones, y en ambas funciones debemos mantener una actitud, colaboración y calidad de servicio impecable.
No debemos hablar de eficacia en términos absolutos, porque nuestro objetivo es la eficiencia, es decir, el equilibrio entre productividad, calidad y bienestar, y, al hablar de productividad, debemos matizar que no es lo mismo la productividad industrial que la productividad en los servicios profesionales, ya que en el sector industrial la tecnología y la robotización están planteadas para lograr una mayor producción con más calidad y precisión, mientras que en los servicios profesionales, la tecnología es una herramienta al servicio de las personas, es decir, una ayuda para mejorar nuestra actividad, ya que estos servicios profesionales, en los distintos sectores, requieren de un tiempo óptimo de estrategia, planificación y ejecución, contando las distintas particularidades de cada uno de los clientes y sus objetivos, que por muy similares que parezcan, siempre son distintos, aunque la meta siempre es la misma: ofrecer la calidad requerida en cada trabajo y por cada cliente. Por ello, a pesar de que en muchas ocasiones el aumento de la productividad sea mejorable, debemos buscar el punto óptimo que no debemos sobrepasar, ya que podemos poner en riesgo la calidad del trabajo que ofrecemos.
En consecuencia, los distintos códigos deontológicos nos otorgan responsabilidad ante el nivel de prestaciones e independencia para valorar hasta qué punto podemos aumentar la productividad en los servicios que prestamos sin que afecte negativamente a la calidad de los mismos.
