El contexto actual de incertidumbre requiere de democracias robustas, en las que los estados promuevan la transparencia y rendición de cuentas y garanticen la participación ciudadana en los asuntos públicos. La incorporación de nuestro país a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), tras su constitución en el año 2011, ha permitido que en la última década se intensifiquen las acciones orientadas a reforzar la gobernanza. Es el caso del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, en cuyo Grupo de Trabajo sobre Integridad, participa desde enero del 2022 Unión Profesional como organización de la sociedad civil, en calidad de expertos con voz, sin voto, tras la solicitud de adhesión presentada por UP en julio del 2021. La acción se enmarca en el Grupo de Trabajo sobre Función Deontológica, dada la relación entre la deontología y el buen gobierno, para la consecución de corporaciones éticas, justas, transparentes y eficaces.
El citado Plan, gira en torno a diez compromisos asumidos por la Administración General del Estado, que dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y la sociedad civil, agrupados en cuatro ámbitos de actuación: transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas de las Administraciones Públicas; impulso, fortalecimiento y mejora de la calidad de la participación en la gestión pública; afianzamiento de la integridad en las instituciones públicas; y sensibilización y formación de la sociedad y personal público en Gobierno Abierto. Dichos ámbitos se encuentran en línea con dos ejes transversales: el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, particularmente, del número dieciséis, relativo a la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones; y la puesta en marcha de acciones que favorezcan la inclusión social, igualdad y accesibilidad universal de aquellos colectivos más vulnerables.
GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTEGRIDAD Y PRESENCIA DE UNIÓN PROFESIONAL
Desde la incorporación de Unión Profesional al Grupo de Trabajo sobre Integridad, se han celebrado un total de cinco reuniones, la última el pasado 4 de julio, participando en todas ellas UP. Las reuniones están orientadas a informar sobre los avances alcanzados en la consecución de lo dispuesto en los ejes quinto y sexto del IV Plan de Gobierno Abierto, relativos a los sistemas preventivos de integridad pública y protección de denunciantes. En lo referido al estado de ejecución de las iniciativas, un 50% estarían finalizadas, un 18% se encontrarían en ejecución parcial, un 29% no estarían iniciadas y un 3% habrían sido canceladas.
AVANCES EN MATERIA DE INTEGRIDAD
En la última de las reuniones se informaba sobre el sistema de integridad de la AGE, y la publicación de su informe en el portal de Transparencia. Así, el mencionado sistema está incorporado a su vez a la Estrategia Nacional Antifraude, ante la obligatoriedad de que todas aquellas entidades decisoras o ejecutoras de fondos cuenten con un plan de tales características, según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, tendrá entre sus objetivos el fortalecimiento de los aspectos éticos para asentar la integridad de las instituciones públicas. Una cuestión que se habría visto reforzada a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, en la que se recoge la implantación del sistema interno de información y la obligatoriedad de que las Administraciones Públicas cuenten con uno, siendo destacable el Modelo de referencia, presentado recientemente por Unión Profesional, sobre cumplimiento normativo y organizaciones colegiales.
ESPAÑA EN LA OGP
Tras la reciente designación de España como nuevo miembro de su Comité Directivo, una etapa que se iniciará el próximo 1 de octubre y que se extenderá durante los próximos tres años, la Alianza para el Gobierno Abierto organizaba el 22 de junio en Madrid un foro orientado a escuchar a la sociedad civil y valorar el grado de consecución de la Estrategia de Gobierno Abierto 2023-2028, y en el que, UP tuvo la oportunidad de asistir. Actualmente la OGP la conforman más de 200 gobiernos nacionales y locales y miles de organizaciones de la sociedad civil.
Partiendo de una valoración negativa sobre la coyuntura actual en materia de gobierno abierto, ante el retroceso de las libertades cívicas y democráticas, los objetivos sobre los que centra su actuación la Alianza pivotan sobre cinco ejes: ampliar la comunidad; integrar el gobierno abierto como un elemento imprescindible en todos los niveles y poderes de gobierno; proteger y ampliar el espacio cívico; impulsar avances colectivos en reformas de gobierno abierto; y crear un espacio innovador en materia de gobierno abierto. Por su parte, digitalización, justicia y medioambiente, serían las tres cuestiones sobre las que la OGP consideraría necesario realizar un mayor esfuerzo. También, se aboga por una ampliación del espacio cívico y la garantía de que las leyes disponen de los mecanismos necesarios para su cumplimiento.
Como aspecto destacable, en lo que se refiere al Plan implantado por nuestro país, este sería uno de los pocos que contaría con un marco legislativo. Previsiblemente, el IV Plan de Gobierno Abierto concluirá el 31 de agosto del 2024. Según las informaciones aportadas por la OGP, de las 113 iniciativas que integraran las estrategias, un 27,4% estarían completas, el 68,1% parcialmente ejecutadas, el 2,7% no se habrían iniciado y un 1,8% se habrían cancelado. Las próximas conclusiones de este Plan serán presentadas a finales del 2024 o inicios del 2025. Respecto al V Plan que presentará nuestro país, el organismo fija el 31 de agosto del 2025 como fecha límite para ser enviado.
