El Tribunal Supremo suspende de manera cautelar el traspaso de competencias en materia de homologación al País Vasco

Fruto del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Unión Profesional, además de por otras corporaciones colegiales.

El Tribunal Supremo ha suspendido de manera cautelar el traspaso de competencias en materia de homologación al País Vasco, decisión fruto del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Unión Profesional, además de por otras corporaciones colegiales, en contra del RD 366/2024 que transfiere al País Vasco las funciones de homologación de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español, así como la declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un nivel académico oficial español de Grado y Máster Universitario.

Este RD, que entró en vigor el pasado 1 de julio, queda ahora suspendido de manera cautelar hasta que el Tribunal Supremo resuelva si se mantiene el traspaso de competencias o se devuelve al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Tal y como recoge el auto, se trata de una «materia compleja» en torno a la cual existe una «elevada litigiosidad». La gran variedad de titulaciones, así como la «extraordinaria movilidad» de profesionales tanto españoles como extranjeros que requieren de homologación o reconocimiento en España de los títulos universitarios obtenidos fuera de nuestras fronteras plantea un escenario en el que es aconsejable «extremar todas las cautelas, en particular, las encaminadas a asegurar que se observan pautas homogéneas en la aplicación de las disposiciones generales vigentes».

Se trata de una cuestión que trasciende el ámbito educativo y tiene proyección en el ejercicio de aquellas profesiones que requieren de titulación universitaria. Esta dimensión transversal y holística tiene «importantes repercusiones sociales y económicas», tal y como se especifica en el auto, por lo que se requiere de «prudencia» a todas las partes para «prevenir la disparidad de criterios» que pudiera darse entre Administraciones.