El BOE publicaba con fecha 18 de septiembre, la resolución del Congreso de los Diputados, por la que se ordenaba la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

Tal y como se informaba a inicios del mes de septiembre sobre la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley 21/2026, era destacable la mención de los colegios profesionales entre las entidades que no tienen consideración de grupos de interés cuando realizan funciones públicas, «sin perjuicio de que puedan tener la consideración de grupo de interés cuando no realicen este tipo de funciones». Esta limitación suponía para Unión Profesional situar a estas corporaciones de derecho público en un espacio de alta imprecisión.   

Desde su aprobación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), autoridad administrativa independiente de ámbito estatal a la que se le asignan un conjunto de funciones dentro de la norma, se encontraba impulsando el Registro de grupos de interés. Dicho registro, que en estos momentos se encuentra deshabilitado, ha llegado a contar hasta la fecha de derogación, con más de 250 solicitudes de inscripción.

El Real Decreto Ley, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, debía haber sido convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo inferior a 30 días. Sin embargo, fue rechazada por la Cámara Baja el pasado 16 de septiembre. Asimismo, durante el debate parlamentario, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se comprometió a aprobar antes de que terminara octubre de 2026 un nuevo texto aclaratorio.