Tomás Cobo, presidente de Unión Profesional
El terrible accidente ferroviario acaecido el pasado mes de octubre en la localidad toledana de Urda obliga, más que nunca, a una reflexión en profundidad acerca del papel, no solo técnico, que las profesiones colegiadas agrupadas en Unión Profesional juegan en la sociedad española. No es ningún secreto que, más allá de la gravedad intrínseca del suceso, este ha tenido lugar en el marco de un escenario marcado por la incertidumbre y la polarización crecientes en nuestro país, que resulta dudoso se despeje con la celebración de elecciones generales el último domingo de noviembre.
Lo cierto es que en tiempos de inestabilidad y desafección hacia valores básicos para la convivencia de todos y todas, la labor de los Consejos Generales y Colegios Profesionales ha de redundar, aún más de lo acostumbrado, en un rigor capaz de trascender las funciones y objetivos consensuados en torno a su labor, para elevarse a consideraciones de mayor compromiso y gravedad. Unión Profesional ya actuó como correa de transmisión de estas inquietudes con motivo de la pandemia del COVID-19 y, en este mismo número, puede leerse cómo las profesiones se hallan implicadas en los ciclos de vida de emergencias de distinta índole, ya sean producto de la naturaleza o de la acción humana. Pero me parece importante que nos preguntemos, ante eventos especialmente delicados, qué hacemos quienes hemos decidido apostar por las profesiones colegiadas y sus instituciones representativas.
EL SENTIDO DE UNA INSTITUCIÓN
En primer lugar, conviene recordar y recordarnos el sentido mismo de una institución, que no puede limitarse a ser la manifestación de unos intereses concretos. Una institución puede y debe aspirar a una estructura con el potencial de dar voz y articular las inquietudes de los individuos y los colectivos que integran una comunidad. En ese contexto, resulta inevitable que la comunidad de profesionales reunida en torno a sus instituciones colegiales sea un reflejo lo más inspirador posible de la comunidad que da forma a la ciudadanía. Las instituciones han de tener el valor y la responsabilidad de ejercer como pilares de la convivencia social, como lugares de encuentro caracterizados por el respeto escrupuloso a sus cometidos, la salvaguarda de los intereses de la ciudadanía, y por el impulso en todos y todas de un cumplimiento más inspirado de las normas, las costumbres y los valores compartidos.
Por tanto, el desarrollo de la labor profesional y su proyección en la esfera pública han de caracterizarse por una posición tan activa como ajena al ruido coyuntural. Esto quiere decir que la institución ha de ser un organismo vivo, adaptable, sin espacio para el encierro en sí mismo ni los anacronismos, factores susceptibles de producir la desafección de la sociedad; y, a la vez, han de ser ejemplo y garantía de la seguridad jurídica y la continuidad en el tiempo. En definitiva, la presencia institucional no debe cifrarse en la inmovilidad, sino en una evolución razonada y profunda, capaz de eludir las convulsiones circunstanciales, las polémicas de temporada o los intereses espurios. Como escribió la filósofa Hanna Arendt, «cuando prima la lealtad por encima de la competencia, el resultado inevitable es la decadencia institucional».
Las profesiones colegiadas han sido ejemplo de esa relación siempre fructífera entre la adaptación al cambio y la atención por una base sólida desde la cual propiciarlo. Al fin y al cabo, las profesiones actuales tienen su origen en los gremios medievales, organizados de acuerdo a una estructura jerárquica de los oficios —aprendiz, compañero, maestro— y regidos por una función social que incluía la puesta en valor diaria de sus saberes, así como la ayuda mútua y la protección de las familias de los miembros fallecidos. El paso a la Edad Moderna y la Ilustración, puntuado por la Revolución Francesa de 1789, trajo consigo los primeros debates, todavía hoy en marcha, sobre el rol de las organizaciones gremiales y profesionales en un contexto inédito de libre competencia.
CONFIANZA PÚBLICA, COMPROMISO SOCIAL
En cualquier caso, la constitución a lo largo del siglo XIX de los estados europeos tal y como hoy los conocemos, consagra las instituciones profesionales con un espíritu, además, renovado que hace de ellas corporaciones de derecho público. Es en este momento, al concederles los Estados el ejercicio ordenado de la profesión, cuando surge también la responsabilidad de regular sus actividades, velar por la formación específica para ello, sancionar las malas prácticas de acuerdo con una deontología estricta y destacar el principio de ejemplaridad frente a sus usuarios. La naturaleza puramente proteccionista y económica de los gremios medievales da paso a una concepción de las profesiones en sintonía obligada con el desarrollo tecnológico, económico y, sobre todo, humanístico de la sociedad. El principio de confianza pública en las profesiones pasa a ser clave; el compromiso social, evidente.
La Constitución española de 1978 perfiló, en cuanto a nuestro ámbito de actuación se refiere, un ejercicio de las profesiones del cual se deduce su identidad contemporánea en forma de Consejos Generales y Colegios Profesionales, cada vez más comprometidos con el devenir de nuestro país, como han puesto de manifiesto en los últimos años los retos derivados de las políticas en igualdad de género, medioambientales, la digitalización y la irrupción de la Inteligencia Artificial. Las profesiones colegiadas han respondido a estos desafíos desde la voluntad de cambio sin renunciar a un rigor esencial. Por otra parte, se ha trabajado intensamente en la interlocución con las administraciones públicas, de forma que la actividad de unos y otros redunde de manera armónica en la solución tangible de problemas sociales y en la mejora del bienestar general.
En momentos como los presentes, cuando las consideraciones individuales, grupales y hasta tribales han diluido los ideales del bien común y el interés general, nos parece de vital importancia hacer hincapié en ellos y enfatizar las herramientas de que disponen los Consejos Generales y Colegios Profesionales para ello: la escucha activa hacia la ciudadanía y la Administración, la sensibilidad hacia las transformaciones de paradigmas en la vida pública, la fiabilidad a la hora de garantizar la formación continuada y velar por el control deontológico de la comunidad profesional, así como promover la estabilidad y la confianza en las estructuras de funcionamiento, lo que también incluye la denuncia pública de toda situación de riesgo desmedido que afecte al ejercicio profesional y, por ende, a la ciudadanía.
Las profesiones se hallan atravesadas por un hilo conductor que une su pasado, su presente y su futuro, genealogía que cimenta su fortaleza a la hora de resolver problemas y proteger y defender los derechos establecidos de todas las personas. El rumbo de la existencia está jalonado por todo tipo de eventos impredecibles; nuestra respuesta a ellos ha de venir alentada por una forma de pensamiento y acción comprometida, coherente y duradera.
