El test de proporcionalidad como uno de los temas abordados por Unión Profesional en el Congreso de la profesión de la Educación Física y el Deporte
Los días 15 y 16 de noviembre se celebró en Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, el Congreso Estatal para la ordenación profesional de la Educación Física y el Deporte. El objetivo de dicha celebración se configuró como una oportunidad para poner sobre la mesa la realidad normativa en la que se encuentra la profesión, reflexionar, analizar y debatir sobre los diversos matices en relación con una regulación que, en el marco de las funciones asumidas por la organización colegial como corporación de derecho público, ha de velar por proteger el interés general de los usuarios de los servicios prestados por los profesionales de la educación física y el deporte.
El programa, distribuido en dos jornadas, estuvo constituido por 6 paneles, 9 ponencias y 3 mesas de debate. Entre los ponentes invitados, participaron en representación de Unión Profesional Elena Córdoba, responsable del departamento de Internacional, y Dolores Martín, responsable del departamento de Estudios. La intervención de ambas ponentes se enmarcó en el panel I destinado a analizar las fórmulas para la ordenación profesional del sector. La ponencias halladas en dicho panel versaron sobre las diferentes formas de regulación, a cargo de Luis Calvo, Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos; el acceso al espacio profesional a través de la acreditación de competencias, a cargo de Ignacio Melendro, Director de Servicios de Enseñanzas Deportivas del Consejo Superior de Deportes, y la importancia del test de proporcionalidad, a cargo de Unión Profesional.
Dolores Martin contextualizó en qué consistía el test de proporcionalidad y describió los cuatro elementos que debían integrarlo: no discriminación, necesidad, no sustitución y proporcionalidad. Así, se refirió a la supresión de toda medida que suponga una discriminación, directa o indirecta, que pueda ir en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por razón de su nacionalidad o de su residencia; a la necesidad como medida para justificar la regulación adoptada por objetivos de interés público; a la no sustitución, como el deber de probar que la medida adoptada y que puede suponer una barrera o restricción al acceso o ejercicio de actividades de servicios es el instrumento más adecuado para alcanzar la consecución del objetivo perseguido; y finalmente, la proporcionalidad, como ponderación de juicio de todos los intereses legítimos y derechos que entran en juego.
Elena Córdoba, por su parte, realizó una intervención más práctica en cuanto a la Directiva 2018/958, aprobada el 28 de junio del año presente, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. Córdoba apuntó que los parámetros básicos del test de proporcionalidad no cambian, lo que cambia es la forma en la que desde Europa indican cómo hay que realizar las evaluaciones. Señaló asimismo que la Directiva se aplicará sobre las profesiones que estén desreguladas y deseen regularse y sobre las profesiones que sean reguladas a efectos del reconocimiento de las cualificaciones profesionales y realicen cambios en sus regulaciones. Finalizó su intervención relacionando esta nueva Directiva con el proceso de evaluación de profesiones reguladas que está realizando el Gobierno español por mandato del Real Decreto 581/2017 de transposición de la Directiva 2013/55 sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
