Tribuna de opinión sobre la importancia de la colegiación como garantía de servicio a la ciudadanía publicada en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid.
Los ciudadanos, los pacientes, clientes y usuarios -potenciales o efectivos- de nuestros servicios profesionales atesoran una serie de derechos fundamentales, e intereses legítimos, que hay que preservar. La ciudadanía tiene derecho a disponer y recibir unos servicios de calidad por parte de los profesionales que se encargan de prestarlos. Nuestros profesionales españoles han hecho y siguen haciendo por todo el mundo ‘marca España’, y en el mantenimiento de su calidad y prestigio profesional han tenido mucho que ver los colegios y sus profesionales colegiados. El requisito de causar alta en el colegio profesional correspondiente a una profesión es un sistema para garantizar al ciudadano, y a la sociedad en general, que la correspondiente práctica profesional está científicamente ordenada y controlada, lo que debería considerarse imprescindible pues afecta de forma directa a valores, derechos y libertades, especialmente sensibles para la ciudadanía. En este sentido, la colegiación se encuentra plenamente justificada por los beneficios que ello supone para el interés general y que, en el caso de que fuera abolida o restringida, podría tener efectos muy negativos para la salud e integridad física o para la seguridad personal y jurídica de los ciudadanos.
La colegiación sí es una barrera de entrada al mercado, pero solo para aquellos que pretendan ejercer sin los conocimientos y experiencia necesarios para prestar responsablemente un servicio de calidad a sus clientes o pacientes. Es decir, la colegiación es, ante todo, un freno al intrusismo profesional que tanto daño hace a nuestra sociedad. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una atención técnica y profesional en los servicios que contrata, adecuada a sus necesidades, de acuerdo con el estado de desarrollo de conocimientos técnicos y científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables en cada caso. El hecho de que los profesionales tengamos que sujetarnos a este control mediante la incorporación al colegio de manera previa es, en cierta forma, una exigencia de respeto a los derechos y libertades de la propia ciudadanía, con el fin de poner coto a todo aquel que, con un ánimo de lucro meramente comercial, pretenda ejercer sin la habilitación profesional necesaria o con un comportamiento abusivo, situando en un escenario de riesgo a los consumidores. La promulgación en el año 1974 de la Ley de Colegios Profesionales vino a garantizar la independencia y autonomía de estas corporaciones de derecho público. Independencia de la que gozan estas instituciones y por la que se les permite realizar sus funciones con la vista siempre puesta en la defensa del interés general.
El significado del acto profesional
Gracias al control ejercido desde los colegios profesionales, los ciudadanos pueden tener la confianza de que quien les atiende cuenta con los conocimientos, formación y competencias necesarias para hacerlo y guarda, asimismo, unas normas de conducta acordes con la deontología profesional. La dificultad que tiene el cliente o paciente para poder comprobar el nivel de calidad que está recibiendo tanto ex ante y durante la prestación del servicio como ex post hace que la garantía ofrecida por el colegio cobre mayor significado. Solo los colegios pueden ayudar a reducir la asimetría de la información. El ejercicio de los profesionales colegiados afecta a valores y derechos fundamentales como son la salud, la seguridad física o jurídica o el patrimonio, que deben quedar protegidas bajo el paraguas de la colegiación.
No debemos olvidar que el subsector de los servicios profesionales presenta una dinámica muy diferente a otros mercados, que su excesiva liberalización puede tener graves consecuencias para los derechos de los ciudadanos. Además de conocimientos y experiencia, la esencia del acto profesional se compone de valores intangibles como la independencia, la responsabilidad, o el respeto a las normas deontológicas de la profesión que impactan directamente en la conformación de la tan necesitada confianza de la ciudadanía. Por este motivo, considero que no se puede ‘trocear’ una profesión en virtud de la actividad que realicen sus profesionales o poner ese acto profesional en manos de un tercero totalmente ajeno.
Profesionales unidos como una sola voz
Nuestra fuerza no solo reside en nuestro número. Nos avala la calidad de los servicios prestados por nuestros profesionales de los diferentes sectores: sanitario, jurídico, económico, social, ingeniería, científico y arquitectura. Desde Unión Profesional aspiramos a tener la mejor y más estructurada relación con las organizaciones profesionales autonómicas, provinciales y locales con el objetivo de mostrarnos ante la sociedad, ante el legislador, como una sola voz en asuntos vitales para la sociedad y para nuestras profesiones que le presta los servicios. Lo que Europa exige a España debería coincidir con lo que los colegios profesionales venimos pidiendo, y en la medida de nuestras posibilidades, estamos llevando a cabo, desde hace décadas: La modernización de los servicios y de las corporaciones colegiales.
Unidos nacional e internacionalmente, apoyamos inquietudes como las del emprendimiento profesional, educación en valores o la formación continua, que son junto con la ordenación y control de la profesión, pilares estructurales de las corporaciones profesionales en España. Los profesionales no participamos directamente del poder, pero debemos ejercer de contrapoder a través de la palabra, mediante la persuasión, la argumentación y siempre con el amparo de la legalidad vigente. Los profesionales siempre estaremos al servicio del ciudadano, al servicio de la sociedad.
Carlos Carnicer Díez
Presidente de Unión Profesional
