La modernización de los servicios públicos contemplada en el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y materializada a través del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, sitúa a los datos y, particularmente, a la gestión e intercambio transparente de estos como un asunto prioritario a la hora de garantizar unos servicios públicos de calidad.
El almacenamiento masivo de datos por parte de las Administraciones Públicas, trae consigo importantes avances en lo que respecta a la consecución de una gestión eficiente, a la vez que plantea ciertos riesgos para los derechos y libertades de la ciudadanía. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) denunciaba recientemente el incremento de brechas personales en el ámbito del sector público, tras recibir el pasado año 264 notificaciones, un 49% más que en 2021. En este contexto, el organismo difundía el documento ‘Orientaciones para tratamientos que implican comunicación de datos entre Administraciones Públicas ante el riesgo de brechas de datos personales’, dirigido a las administraciones públicas y a sus delegados de protección de datos.
Pasos a seguir y medidas a tener en cuenta
Gestionar una brecha de forma eficaz, requeriría de la adopción de una actitud preventiva, a través del diseño de medidas de actuación orientadas a minimizar el impacto tanto personal, como social, de una posible fuga de datos. También, de la actuación coordinada de los múltiples actores que intervienen en el tratamiento de datos personales.
Antes de implementar cualquier acción, la AEPD, propone tener en cuenta las siguientes acciones: valorar el impacto personal y social derivado de una fuga de datos, identificar las medidas de seguridad que logren minimizar los efectos de una posible brecha, así como aquellas acciones de respuesta orientadas a reducir dicho impacto una vez materializada la brecha. A fin de que los organismos públicos puedan anticiparse correctamente, la AEPD propone un listado de medidas de detección, respuesta, revisión y supervisión orientadas a este tipo de tratamientos.
Las Administraciones Públicas han de trabajar por garantizar que la digitalización va siempre acompañada de un tratamiento ético y transparente de los datos personales. La magnitud de la información registrada en sus bases de datos, provoca que las consecuencias de una brecha en una administración pública sean especialmente graves, favoreciendo, a su vez, una pérdida de confianza de la ciudadanía en los servicios públicos.
Guía de buenas prácticas del Colegio de Registradores
El Colegio de Registradores, en colaboración con Unión Profesional, presentaba a finales del 2021 una guía de buenas prácticas, dirigida a los responsables de tratamiento de datos. La guía se enmarca en la cultura de cumplimiento y transparencia de las organizaciones colegiales, estableciendo una serie de pautas que han de contemplarse en la estrategia de protección de datos de estas organizaciones. El Colegio de Registradores complementaba la guía con una aplicación web que evalúa el grado de cumplimiento en la materia por parte de las corporaciones.
Cabe recordar, asimismo, que Unión Profesional forma parte del ‘Pacto Digital para la Protección de las Personas’ de la Agencia Española de Protección de Datos, que vela por el cumplimiento de la normativa y la privacidad en materia de protección de datos.
