De todos los valores sociales que dan forma a nuestra sociedad, hay uno consustancial a los colegios profesionales que, como ha dicho el Tribunal Constitucional es la garantía institucional que estas entidades corporativas representan para preservar los Derechos Fundamentales. Desde Unión Profesional, y pendientes de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), creemos imprescindible mostrar a la sociedad que la razón de ser de toda organización colegial radica en la función (pública) que realizan para asegurar el ejercicio de los derechos por los ciudadanos, una trascendental cuestión estrechamente ligada a nuestra ya no tan joven democracia.
Se cumplen 35 años desde la firma de nuestra Constitución y, como cada año, no podemos olvidar el espíritu de los constituyentes, particularmente ahora, en el actual escenario de cambio económico, jurídico y social en el que estamos sumergidos. Los profesionales somos conscientes de la trascendencia social que supone el cumplimiento de los principios recogidos en la Carta Magna; una significación que, en el caso de los profesionales, se concreta, claro, en el derecho a elegir una profesión (art. 35 CE), pero también en el deber de cumplir unas normas de comportamiento, deontológicas, cuando la elección de la profesión suponga que su ejercicio afecta al interés general. Es el significado del artículo 36 de la CE que encomienda a la ley la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas, así como las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales. Es, precisamente, el interés general el que legitima el control del ejercicio profesional por parte de los colegios profesionales. Desde Unión Profesional, se subraya que las profesiones colegiadas han de desempeñarse siempre con independencia de criterio profesional o autonomía facultativa, con responsabilidad por su actuación profesional, y sujetas al cumplimiento de un código deontológico que ordena y controla la organización profesional. Este modelo se basa en la existencia de los colegios profesionales como entidades democráticas y transparentes que favorecen el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y procuran la máxima calidad de sus servicios.
Los derechos vinculados al ejercicio del periodismo, recogidos en el artículo 20, en la sección Derechos y Libertades de los ciudadanos de nuestra Carta Magna, como son el derecho a expresar y difundir libremente el pensamiento, palabra y opiniones o a comunicar o recibir información veraz son, sin lugar a duda, tutelables desde un considerable elenco de entidades, pero también, y muy especialmente, desde la organización institucional corporativa que los colegios representan, libres, independientes y autorregulables. La profesión periodística está ligada a un esquema conceptual de interés general, pues las acciones de sus profesionales afectan de forma directa a los derechos de todo orden. La justificación de la existencia de una organización colegial de periodistas —con todos los elementos de estructura organizativa, requisito de colegiación y referencias legales al desempeño profesional— tiene una estrecha vinculación con las razones imperiosas de interés general recogidas en la Directiva de Servicios en el Mercado Interior y su transposición a la normativa española mediante la llamada “Ley Paraguas”, todo lo cual sugiere una necesidad de autonomía y autorregulación para ejercer con libertad e independencia, incluso de contrapoder, en la propia esfera política.
Por ello, desde Unión Profesional, apoyamos la iniciativa política surgida desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) de incentivar la creación de colegios profesionales de periodistas en todas las Comunidades Autónomas y su correspondiente consejo general de ámbito estatal. El reciente Informe Anual de la Profesión Periodística arroja datos de la situación que el periodismo ha sufrido y sufre a causa de la doble crisis que le atraviesa, la económica y la particular del sector. Entre sus consecuencias, destaca la laboralización de la profesión periodística. Las empresas han transformado la realidad de estos profesionales, un fenómeno que se ha traducido en una significativa precarización de la profesión que repercute en el derecho del ciudadano a recibir una información veraz y de calidad. Unión Profesional apoya la apuesta de la FAPE por el modelo colegial, pues éste ampara al profesional más allá de la actividad laboral, preservando su independencia en tanto realiza un acto profesional. El periodista, en todo lo que tiene que ver con su actuación profesional, puede ser tutelado por su colegio profesional, pues es función del mismo garantizar no sólo la buena práctica profesional a favor del interés general de la sociedad, sino, como decía, la propia independencia del criterio de los profesionales que no ha de verse cercenada por la imposición del empleador.
En realidad, podemos decir que es certidumbre lo que buscamos en todo cambio. Tanto los profesionales, como las organizaciones que ordenan nuestras profesiones, necesitamos espacios seguros de libertad donde poder analizar el contexto donde se manifiesta nuestra función social y proponer estrategias para el cambio permanente hacia etapas más maduras. Ello siempre para servir al interés general, al ciudadano, a la sociedad; a nuestros lectores, oyentes, televidentes, clientes y pacientes.
>> Artículo del presidente Carlos Carnicer en revista ‘Periodistas’ online.
