Nuevas sesiones del Espacio Compliance de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Los días 12 y 13 de marzo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) organizó una nueva edición del denominado Espacio Compliance que abordó una doble sesión que versó en primer lugar acerca de la ‘urgente regulación del lobby’ y, posteriormente, sobre ‘el denunciante desamparado’.
SESIÓN 1: LA URGENTE REGULACIÓN DEL LOBBY
En la jornada del 12 de marzo, Antonio Castillo Esparcia, catedrático en la Universidad de Málaga en materia de relaciones públicas, comunicación política y comunicación en organizaciones no gubernamentales, realizó una exposición de corte académico sobre el papel y articulación de los lobbies a través de la comunicación, así como algunas de las características de su comportamiento en España.
De base, incidió en que los lobbies emplean diversas estrategias de comunicación para lograr sus objetivos que pueden suponer incluso la difusión de mensajes desde el control o creación de un medio. Así, en su evolución se observa que se adaptan al estándar de valores sociales del momento. De este modo, apuntó que en nuestro país «los lobbies tienen una cultura más reactiva, mientras que en otros países parecer ser más proactiva». En esta línea, describió que uno los principales focos de estos para su actividad es acceder a los representantes de los partidos políticos. Todo ello, en un marco general en España donde el asociacionismo es uno de los más bajos de Europa.
Igualmente, describió los principales condicionantes en la forma de actuar de un lobby que son la capacidad de movilización, los recursos económicos de los que disponga, el acceso a los poderes públicos, la adecuación que realizan de los valores sociales, la ubicación estratégica y su imagen social.
Mesa de debate: Acabar con la figura del mal lobista
A continuación, tuvo lugar una mesa con diferentes expertos que abordaron desde su perspectiva como ‘el mal lobista debe desaparecer’. En este sentido, María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de profesionales de las relaciones institucionales (APRI), quiso acentuar que el lobby no es un ente, sino que es una actividad. Asimismo, argumentó que el buen lobista apoya medidas de transparencia y «genera confianza con información objetiva y de calidad».
Por su parte, Manuel de la Fuente, director de Asuntos Públicos de Kreab, sentenció que el mal lobista está muy cercano al delito de tráfico de influencias. Por ello, sostuvo que hay mucha tarea pedagógica aún por hacer. Reconoció que la ley de transparencia fue una oportunidad perdida para regular más el lobby. Con todo, como un elemento clave, enunció que la actividad de lobby «ha de conectar su interés particular con el interés general».
Victoria Anderica, directora del Proyecto de Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid, se mostró favorable a regular la actividad de lobby. Actividad que resumió conforme a la definición de la UE, pues en la medida que se articule una opinión y sentido concreto en el desarrollo de una norma habrá lobby. En consecuencia, destacó que el proyecto iniciado por el ayuntamiento sobre transparencia hace cuatro años incluía la regulación del lobby con el objetivo de lograr la «trazabilidad de las decisiones públicas».
Carmen Muñoz, directora senior de Asuntos Públicas de Llorente & Cuenca, reflexionó que el lobby es una parte esencial en la construcción de la política pública y, por ende, hay que naturalizar la conversación entre el ámbito público y privado. También distinguió que el lobby ha de tener una dimensión ética y ha de profesionalizar su actividad y no depender exclusivamente de la denominada agenda.
Eva Belmonte, periodista y directora de la Fundación Civio, explicó que con su labor hacen lobby para lograr una mayor rendición de cuentas desde el ámbito público cuando no existe. Por tanto, persiguen mejorar determinadas situaciones que permitan observar si en la toma de decisiones en el sector público se tiene en cuenta el interés general.
Rafael Miralles Ponce, representante de la asociación de consumidores, ADICAE, manifestó que su propósito es defender los derechos que el consumidor ve lesionados. Declaró así que estas asociaciones han de ser tan importantes como los lobbies pues debe haber un equilibrio entre lo que unos desean y otros necesitan. Invito así a reflexionar hasta que punto un lobby puede presionar a la sociedad en áreas como la banca o el sector de la energía.
Por último, Enrique García, responsable de relaciones institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), puso en valor que las asociaciones de consumidores ejercen la función de lobby puesto que además tienen legitimidad institucional reconocida esencialmente en el artículo 51 de la Constitución. Si bien, sostuvo que la autorregulación de los lobbies mediante un código ético no es tan eficaz como con un régimen sancionador.
SESIÓN 2: EL DENUNCIANTE DESAMPARADO
El 13 de marzo continuó el Espacio Compliance que se dedicó la temática de ‘El denunciante desamparado’ en relación con asuntos de corrupción y cómo se ha de articular su protección, así como el interés social que supone que se puedan manifestar sin represalias. Todo ello, contextualizado también con el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzado el 12 de marzo que posibilitará el desarrollo de una Directiva europea que proteja a los denunciantes de corrupción.
La sesión se abrió con una doble ponencia. En primer lugar, Hervé Falciani, ingeniero de sistemas conocido por haber sustraído una lista de evasores fiscales de la sucursal suiza de la entidad HSBC y que colabora desde entonces con otros sistemas judiciales, exploró los incentivos y circunstancias que pueden rodear una situación potencial para un denunciante.
De este modo, construyó cómo pueden articularse de manera más efectiva una situación de posible denuncia. A su juicio debe considerarse que la denuncia pueda realizarse de forma anónima, así como hacer un «camuflaje táctico» que permita obtener la necesaria información de contenido para esta. En la misma línea, también es relevante analizar que potenciales aliados podemos tener a la hora de llevar a cabo la acción denunciante.
Además, una de las cuestiones que más destacó es la inteligencia económica que ha de ser un factor determinante a considerar en una situación que conlleve el manejo de información, la toma de decisiones y una posible denuncia para calcular su impacto.
La segunda intervención corrió a cargo de Ana Garrido Ramos, cuyo caso saltó a luz cuando denunció una situación que destapó la trama Gürtel. Describió las dificultades que ha atravesado desde entonces en el plano personal y laboral y cómo aparecen diferentes conductas frente al hecho por los testigos. En este sentido, celebró que esté en marcha el proyecto de la directiva europea de protección al denunciante pues este debe tener una asesoría adecuada.
Mesa: En busca de la protección del denunciante
En la mesa de debate, las intervenciones giraron en torno a cómo mejorar la situación de los denunciantes y mencionar la relevancia del contexto cultural para favorecer su acción. Así, se puede destacar lo siguiente que expusieron los expertos.
Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), justificó el «salto» que se ha producido en la protección del denunciante que ahora puede ser anónima o incluso realizada por un tercero que queda recogida en el artículo 24 sobre los sistemas de información de denuncias internas de la nueva ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Un avance significativo respecto a la anterior ley de 1999. Además, la directora también se comprometió a que la AEPD desarrolle un informe técnico que estudie los límites de la protección de datos en los casos de denuncia.
Manuel Villoria, miembro del Comité Directivo de Transparencia Internacional España, sentenció que proteger al denunciante además de ser obligatorio éticamente es eficiente para un país. Si bien, razonó que «los elementos socioculturales influyen mucho en la implementación de las normas». Por tanto, llegado el momento del transposición de la directiva Europea a nuestro país dejó planteadas algunas ideas para su mejor adecuación como definir qué es lo denunciable y protegible invitando a abrir el marco más allá de la corrupción, así como también establecer un protocolo de ayuda al denunciante que contemple atención psicológica además de jurídica.
Simone Levi, Fundadora de Xnet que se dedica desde un perfil activista a defender los derechos digitales y la democracia en red ante las nuevas fórmulas de la digitalización, abogó por renovar los canales de conversación con la sociedad civil. En relación a la directiva europea que llegará a los países miembros explicó que ya no habrá obligación de denunciar internamente y podrá realizarse directamente a la Fiscalía.
Joan Linares, Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, se mostró partidario de tener una ley estatal que proteja a los denunciantes y que puede ser compatible con su adecuación autonómica. Además, señaló que dentro del marco de la agencia valenciana hay un estatuto de protección del denunciante en el que se le acompaña jurídicamente.
Alba Lema, presidenta del “Comité de imparcialidad, independencia eintegridad” de la World Compliance Association, se centró en el análisis de los canales de denuncias en términos económicos. Declaró que es muy relevante tener en cuenta la dimensión económica que supone tener un canal de denuncias por su impacto en las acciones realizadas. Por ejemplo, las cuestiones de recompensa al denunciante deben considerarse. No obstante, concluyó que la cultura es clave al ejemplificar que en España el 81% de los testigos de casos de corrupción no lo denuncian o que el 75% de los españoles normalizan que la corrupción es parte de la cultura empresarial.
María de la Torre, Compliance Officer y DPO en Grupo Masmovil, y miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN, recordó que actualmente, en España ya existe la ley de protección de a testigos y peritos en causas criminales, y que podría ampliarse no siendo necesaria la directiva europea. Todo ello para argumentar que cada cultura necesita una ley aplicada de forma diferente que ha de ser sencilla y clara. Sobre la figura del denunciante valoró que «necesitaría más un reconocimiento personal que económico».
Juan Ignacio Ruiz, Secretario General del Instituto Oficiales Cumplimiento – IOC, además de glosar la labor realizada en el IOC, remarcó el valor diferencial de los canales de denuncia como la mejor forma de detectar el fraude. Sin embargo, matizó que la eficacia de estos dependerá de manera clara de su buena gestión.
