Elena Córdoba, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de Unión Profesional.
Se acerca diciembre de 2026, fecha límite establecida por el Reglamento eIDAS2 para que los Estados miembro de la Unión Europea pongan a disposición de sus ciudadanos la Cartera Europea de Identidad Digital. En ella se podrán almacenar y compartir de forma segura e interoperable credenciales electrónicas como cualificaciones, títulos y licencias profesionales.
Desde la aprobación en 2024 de este Reglamento, que transformó el marco europeo de Identidad Digital, se ha trabajado desde distintos ámbitos para garantizar tanto la autenticidad y seguridad de la información como la interoperabilidad de las carteras en toda la UE. Unión Profesional ha contribuido a esta labor a través del proyecto Digital Credentials for Europe (DC4EU), definiendo el contenido de las credenciales profesionales y concretando cómo deberán emitirse e integrarse en la cartera digital. Asimismo, ha trabajado en la estandarización de los procedimientos para que las corporaciones colegiales puedan emitir de forma legítima y segura cada tipo de credencial profesional, en calidad de fuentes auténticas.
Estos trabajos adquieren ahora especial relevancia, cuando España comienza a definir su propio ecosistema de Identidad Digital. Este octubre de 2026, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sometido a audiencia pública el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el ecosistema de cartera europea de identidad digital en España. Ante esta iniciativa, Unión Profesional ha presentado alegaciones a partir del conocimiento y la experiencia adquiridos en el proyecto DC4EU, con el objetivo de defender la calidad regulatoria, la coordinación institucional y el papel de las corporaciones colegiales en relación con los atributos que les son propios.
EL PAPEL ESENCIAL DE LAS CORPORACIONES COLEGIALES
El proyecto de real decreto se tramita por la vía de urgencia, una decisión cuya justificación no resulta del todo clara. La norma designa las autoridades competentes en el ámbito nacional y les atribuye funciones para garantizar la provisión, certificación, supervisión, gobernanza y operatividad del ecosistema de la Cartera Europea de Identidad Digital en España. En sus alegaciones, Unión Profesional recuerda la enorme trascendencia práctica de esta norma y subraya la necesidad de que cuente con garantías y disposiciones adecuadas, en consonancia con la presentación del Paquete de Movilidad Laboral Justa por parte de la Comisión Europea. Asimismo, Unión Profesional plantea diversas consideraciones técnico-jurídicas relativas, entre otras cuestiones, a la redefinición del concepto de fuente auténtica que introduce la propia norma, a la delimitación de la responsabilidad civil de las corporaciones colegiales en la emisión de atributos dinámicos o a la necesaria gratuidad y provisión pública de los certificados de acceso y registro de parte usuaria para las corporaciones de derecho público.
Uno de los aspectos más relevantes para las profesiones integradas en Unión Profesional, se recoge en el artículo 13 del proyecto de real decreto, que regula el catálogo nacional de fuentes auténticas de atributos, cuya elaboración, publicación y actualización corresponden a la Dirección General del Dato. Este catálogo permitirá identificar, para cada categoría de atributo susceptible de incorporarse a la cartera digital, el organismo responsable de su fuente auténtica, en coordinación con las administraciones competentes. Para Unión Profesional, la elaboración de este catálogo requiere garantías procedimentales expresas y una colaboración directa entre la Dirección General del Dato y las corporaciones colegiales. Asimismo, solicita que la norma reconozca inequívocamente la asimilación de estas corporaciones a los organismos del sector público en lo que respecta a la gestión de sus fuentes auténticas. Esta reivindicación responde a una cuestión de fondo: las corporaciones colegiales son corporaciones de derecho público que tienen la titularidad de la fuente auténtica en relación con la colegiación, las acreditaciones profesionales que otorgan y otros atributos. Además, en línea con el trabajo desarrollado en DC4EU, les corresponde definir semánticamente los atributos propios de sus respectivas profesiones cuyo ejercicio, conviene recordar, responde a razones imperiosas de interés general.
La configuración del ecosistema nacional no puede desligarse, por tanto, de las competencias y responsabilidades de las corporaciones colegiales. Reconocer su papel y articular la colaboración institucional necesaria son condiciones indispensables para que la Cartera Europea de Identidad Digital se implante en España con seguridad, interoperabilidad y las máximas garantías.
