Artículo de Opinión de Daniel Calleja Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España.
Para varias generaciones de españoles, el 1 de enero de 1986 no es una fecha más. La adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea marcó un antes y un después para nuestro país. Ese día no sólo cristalizó un cambio institucional, sino el deseo de los españoles de integrarse plenamente en una Comunidad de Derecho que ha hecho posible una paz duradera entre los pueblos y las gentes de Europa sobre la base de una solidaridad de hecho. España se unía a un espacio de libertades y cooperación, culminando una transición pacífica que despertó admiración dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta fecha resuena de modo especial para quienes desde aquel momento dedicamos nuestra vida a la función pública europea.
Casi cuatro décadas después, podemos afirmar con serenidad que nuestra integración en la Unión Europea ha sido una de las decisiones más acertadas y transformadoras de nuestra historia reciente. Esta transformación alcanzó de lleno al ejercicio de las profesiones en nuestro país, dado que la adhesión a la UE supuso la entrada en un espacio regulatorio más exigente pero que también incluía un marco de garantías reforzadas para los profesionales y dentro del respeto más estricto al Estado de Derecho. Europa se ha convertido en garante de nuestras libertades fundamentales y es un marco estable para la mejora continua de nuestras políticas públicas.
LIBERTADES Y PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En el plano económico y social, los avances son igual de evidentes. La modernización de nuestras infraestructuras, el desarrollo del medio rural, la internacionalización de nuestras empresas, o la participación en el programa Erasmus, que ha cambiado la vida a cientos de miles de estudiantes universitarios, son hitos que debemos a nuestra pertenencia a Europa. Del mismo modo, la libre circulación de personas, servicios y capitales —impulsadas inicialmente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo—, se plasmó en la legislación europea. Por último, la introducción del euro ha sido un elemento clave para la estabilidad monetaria y el desarrollo económico de nuestro país.
Europa cambió a España, pero España también ha contribuido a transformar Europa. Nuestro país ha desempeñado un papel relevante en ámbitos como las políticas de cohesión, la ciudadanía europea, el despliegue de energías renovables (somos líderes en tecnologías como la eólica y el hidrógeno verde), la defensa del Pilar Europeo de Derechos Sociales, o el impulso de la cooperación con Iberoamérica y con el Mediterráneo.
España ha sabido liderar negociaciones muy complejas en momentos clave. Gracias al impulso español, se avanzó en la creación de la ciudadanía europea, en la promoción de la economía circular, en la creación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, o en la reforma del Reglamento de Gas para mejorar la seguridad energética. Del mismo modo, las presidencias del Consejo han sido esenciales para desbloquear normas como el Reglamento de Ciberseguridad, el Pacto de Migración y Asilo, o la regulación de los mercados digitales.
Esta transformación alcanzó de lleno al ejercicio de las profesiones en nuestro país, dado que la adhesión a la UE supuso la entrada en un espacio regulatorio más exigente pero que también incluía un marco de garantías reforzadas para los profesionales y dentro del respeto más estricto al Estado de Derecho.
Me gustaría destacar aquí que en 2025 se conmemora otro hito importante: el 25º aniversario de la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una carta que se ha convertido en uno de los grandes pilares del proyecto europeo contemporáneo.
En ella se consagran valores esenciales: la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Unos valores que inspiran todo el ordenamiento jurídico de la UE, así como el trabajo de sus instituciones. La Carta vincula a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión. Gracias a ella los ciudadanos cuentan con garantías específicas frente a muchos de los grandes retos de nuestro siglo, desde la protección frente a la discriminación por razón de género, discapacidad o cualquier otra condición, hasta la defensa del derecho a la privacidad en la era digital. Su impacto moldea nuestro día a día en cuestiones tan cotidianas como la protección de datos, la igualdad de trato, la libertad de información, o los derechos de los consumidores. Normativas muy recientes, como el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial o la Directiva de Servicios Digitales (DSA), encuentran en la Carta su fundamento último: asegurar que la tecnología y el mercado respeten siempre la dignidad humana. La Carta también reconoce la libertad profesional y el derecho a trabajar y la libertad de empresa, de enorme relevancia para las profesiones liberales.
PROFESIONES LIBERALES Y MOVILIDAD
Si hay un ámbito en el que las transformaciones generadas por Europa han sido especialmente visibles, ese es sin duda el de las profesiones liberales y su movilidad. Hay un abanico de más de 5700 profesiones reguladas en la UE. Hablamos de millones de profesionales (abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, farmacéuticos, psicólogos) que ponen cada día su saber y su competencia profesional al servicio de los ciudadanos, mejorando así nuestra calidad de vida.
Tras su desarrollo jurisprudencial, esa movilidad ha sido facilitada por la normativa europea en beneficio de los profesionales. En 2005, la UE adoptó la Directiva relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, revisada en el 2013. La directiva buscaba evitar que los Estados miembros impusieran condiciones excesivas a los ciudadanos de otros Estados miembros que desearan ejercer una profesión regulada. Todavía podría hacerse un uso más frecuente del reconocimiento de cualificaciones profesionales en la UE para ejercer una profesión regulada en otro Estado miembro. Desde el 2018, la normativa europea también obliga a los Estados miembros a evaluar conforme al principio de proporcionalidad, la creación de nuevas profesiones reguladas o a la modificación de los requisitos de las existentes en su territorio.
No se trata únicamente de facilitar la movilidad o de armonizar la normativa: se trata de esencialmente recordar que la construcción europea es, ante todo, un proyecto de personas al servicio de personas. Como buenos conocedores de los beneficios del mercado interior desde su origen, el papel de las profesiones en la construcción de la UE ha sido muy significativo. En este contexto, la Unión Profesional, como representante de las profesiones colegiadas en España, y CEPLIS, con su creciente influencia a nivel europeo, han desempeñado un papel clave en la integración europea a través de su trabajo sobre valores profesionales comunes (independencia, integridad, competencia, responsabilidad, …) que ha contribuido a reforzar la dimensión ética del mercado interior.
Unión Profesional, como representante de las profesiones colegiadas en España, y CEPLIS, con su creciente influencia a nivel europeo, han desempeñado un papel clave en la integración europea a través de su trabajo sobre valores profesionales comunes (independencia, integridad, competencia, responsabilidad, …) que ha contribuido a reforzar la dimensión ética del mercado interior.
A esta dimensión profesional del proyecto europeo también ha contribuido, y mucho, España. Nuestro sistema de colegios profesionales es reconocido por su solidez, por su capacidad de autorregulación y por su compromiso con la formación continua. La movilidad profesional dentro de la UE ha ampliado el horizonte laboral de miles de profesionales españoles, que hoy aportan su valor en todos los Estados miembros. A su vez, la presencia en España de profesionales europeos ha enriquecido y enriquece enormemente nuestro tejido social, económico y científico.
Permanecer en la senda del progreso de cara a las próximas décadas dependerá tanto de las instituciones como de los millones de profesionales que, desde su responsabilidad diaria, sostienen y hacen prosperar nuestra democracia. A ellos, a su labor callada y decisiva, debemos buena parte de la fortaleza de la Unión Europea.
En los próximos años, nuestros profesionales también deberán afrontar muchos desafíos: la necesidad de reforzar nuestra competitividad, el desarrollo de la inteligencia artificial, la transición digital y energética, y los retos que supone el cambio demográfico.
En estas tareas, podrán contar con el apoyo europeo, basado en el compromiso con el Estado de Derecho y con los valores que plasma la Carta. Europa no es solo un proyecto político; es una apuesta decidida y compartida por el interés común, la justicia y el progreso. Ese compromiso que España ha honrado durante cuatro décadas deberá seguir guiando nuestro camino en el futuro.
