Se cumplen cuarenta años de la adhesión de España a la Unión Europea, un hito que transformó de manera irreversible nuestro marco político, económico y social. Desde entonces, los valores que inspiran el proyecto europeo –cooperación, Estado de derecho, seguridad jurídica, solidaridad y cohesión— han ido permeando nuestras instituciones y nuestras profesiones. La procura, como pieza esencial del engranaje de la Administración de Justicia, no ha sido ajena a este proceso, sino todo lo contrario: ha encontrado en Europa un espejo donde mirarse y un horizonte hacia el que avanzar.
Pero en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no hay procuradores. Hay jueces, incluso alguna jueza española; hay abogados, también algún compatriota. Pero no existe la procura como un factor dinamizador del TJUE, sencillamente porque se trata de una profesión aún muy diversificada y no suficientemente unida en los países miembros de la UE. Es sólo un ejemplo, pero nos sirve para anunciar que vamos a profundizar en las relaciones y en la capacidad de influir para que también a nivel europeo la Justicia perciba que el procurador (se llame solicitador, agente de ejecución o huissier de justice) es el verdadero agente dinamizador y agilizador de los casos judiciales.
CONEXIÓN CON LOS VALORES EUROPEOS
Las procuradoras y procuradores españoles compartimos con nuestros homólogos europeos una misma vocación: hacer efectiva la tutela judicial y garantizar que las resoluciones judiciales no se queden en meras declaraciones formales, sino que se conviertan en realidades tangibles para la ciudadanía. Ese compromiso conecta directamente con los valores europeos más profundos, especialmente con la idea de que no hay democracia sólida sin un sistema de justicia eficaz, previsible y accesible.
En el ámbito de las relaciones institucionales, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) mantiene un diálogo constante con corporaciones homólogas de distintos estados miembros, como los profesionales de la ejecución en Francia y Bélgica —los huissiers de justice— o los solicitadores y agentes de ejecución de Portugal. No se trata únicamente de relaciones protocolarias, sino de un auténtico intercambio de experiencias, modelos de organización, buenas prácticas y cultura jurídica compartida. Europa ha sido, en este sentido, un verdadero laboratorio de ideas para una procura española que mira al futuro con mentalidad abierta y voluntad de reforma.
España se sitúa hoy a la cola de los países europeos en el tiempo medio de ejecución de sentencias. El dato es elocuente: en los últimos diez años, el número de asuntos pendientes en los órganos judiciales españoles ha aumentado un 110 %, más del doble de atasco en sólo una década y, lo que es peor, en tendencia siempre creciente. En Portugal, cuyo caso hemos analizado a fondo, en cuanto han aprobado mayores competencias para sus procuradores, su tendencia es contraria y su atasco se ha reducido e menos de la mitad.
La diferencia entre España y otros países europeos no es una cuestión de capacidad profesional —que en la procura española está sobradamente acreditada—, sino de marco normativo. Los procuradores españoles somos, prácticamente, los únicos en el entorno europeo que carecemos de competencias propias en materia de ejecución. En Francia, Bélgica o Portugal estos profesionales desempeñan funciones ejecutivas directas, siempre bajo control judicial, que hacen posible una justicia más rápida, más eficaz y más alineada con las necesidades de la economía y de la sociedad.
COOPERAR PARA AVANZAR
Desde la perspectiva europea, esta situación plantea cuestiones de enorme interés para la procura española. La libre circulación de resoluciones judiciales, el reconocimiento mutuo, la cooperación transfronteriza o la digitalización de la justicia no pueden entenderse al margen de una ejecución eficaz. Europa avanza hacia un espacio de justicia común, pero ese espacio solo será plenamente real si los Estados miembros garantizan que las decisiones judiciales se cumplen en tiempo razonable.
En este contexto, la procura española se siente interpelada por la agenda europea. Nos interesa —y nos implica directamente— el desarrollo de los instrumentos de cooperación judicial, la armonización progresiva de estándares de calidad en la ejecución civil y mercantil, la implantación de plataformas digitales europeas para la gestión de procedimientos y la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía en litigios transfronterizos.
Con más procura tendremos una Europa mejor, porque Europa dispondrá de una Justicia más ágil. Y, por lo tanto, más justa. Europa nos ha enseñado que cooperar es avanzar. El gran reto pendiente de la justicia española —la modernización de la ejecución— es una exigencia de los ciudadanos. Fortalecer la procura es, en definitiva, fortalecer el Estado de derecho. Y hoy, más que nunca, Europa sigue siendo el camino.
