La undécima ronda del TTIP finalizó con la firme voluntad de cerrar el acuerdo durante el 2016. Además se realizaron «sustanciales progresos sobre el acceso a los mercados para las empresas de la UE y de EE.UU».
Las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) celebraron la undécima ronda la pasada semana en Miami. Tanto Dan Mullaney, como Ignacio García-Bercero, los jefes negociadores por EE.UU. y la Unión Europea (UE), respectivamente, realizaron un balance positivo del transcurso de las conversaciones y se mantuvieron en su intención de rubricar el acuerdo en el 2016, antes de que finalice la legislatura del presidente americano, Obama.
En los tres pilares que fundamentan la negociación (acceso a mercados; cooperación regulatoria; área de normas) advirtieron diversos avances. Así, Bercero destacó que «hemos hecho sustanciales progresos sobre el acceso a los mercados para las empresas de la UE y los EE.UU». Y, particularmente, sobre el mercado de la contratación pública donde la legislación estadounidense es más restrictiva a la entrada de empresas europeas; el próximo evento será el intercambio de ofertas para febrero del 2016.
Mientras, en el área de normas, Cecilia Malmström, la comisaria de Comercio de la Comisión Europea (CE) y su homólogo americano, Michael Froman apremiaron en septiembre a los negociadores a dar un impulso en este sentido. En esta línea, Mullaney afirmó que este tratado permitirá «eliminar no solo las barreras comerciales convencionales» sino, «una reducción significativa del impacto de las regulaciones innecesarias en el comercio transatlántico».
En cuanto a la cooperación regulatoria, Bercero aludió a la oportunidad de crear una fuerte alianza, si bien, de acuerdo a dos claves principales: «la cooperación es solo posible si el nivel de protección para los ciudadanos sigue igual o mejora» y, por otro lado, que «cualquier forma de cooperación regulatoria no cambiará la forma en que regulamos las políticas públicas como la seguridad alimentaria o la protección de datos. Ni tampoco afectará a los procesos legislativos o la independencia de nuestros reguladores».
Ya en los nueve sectores identificados sobre los que se trata (automóvil, ingeniería, dispositivos médicos, industria farmacéutica y medicamentos, textil, cosméticos, productos químicos, pesticidas y las TIC), se anunció que el objetivo es lograr una «mayor compatibilidad regulatoria» que esperan definir en los próximos meses. No obstante, en el área de servicios, continuaron los intercambios sobre las ofertas revisadas que se presentaron en el mes de julio. Por último, se baraja el comienzo del año próximo para celebrar la que será la duodécima ronda de negociación del acuerdo que presumiblemente tendrá lugar en la UE.
La CEOE, el IEE y la Cámara de Comercio apuntan las ventajas del TTIP para la economía española en un estudio
La importancia de «homologar las legislaciones para beneficiar a las empresas, especialmente a las pymes», es una de las conclusiones que destacó Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el 15 de octubre en la presentación del Estudio de impacto de la Asociación Transatlántica sobre el Comercio y la Inversión (ATCI) en la economía española. Junto con el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Cámara de Comercio de España, se mostraron algunas de las ventajas que supondría la aprobación del TTIP. En este sentido, se desprende que «el TTIP podría incrementar en un 0,75% el PIB de España, el salario podría aumentar un 0,72% adicional anualmente y se crearían 83.500 empleos» como afirmó Concepción Latorre, jefa de investigación del informe. La estructura del documento emplea un modelo económico que recoge el impacto, en distintas variables macroeconómicas para varios escenarios sobre algunos de los sectores, que se produciría de firmarse el acuerdo. Entre ellos, se encuentra el de servicios a empresas, en el cual, se aglutina a una porción de los servicios profesionales. Así, en el marco más optimista reflejado se expone que apenas experimentaría un crecimiento de su producción e incluso se apreciaría una tenue caída de la inversión extranjera directa.
Nuevo ISDS, Protección de datos y Euromarchas
Por otro lado, la comisaria europea Malmström, presentaba en septiembre una propuesta no formal sobre el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). En el borrador, este tribunal de arbitraje internacional estaría conformado por dos salas, una de primera instancia y otra de apelaciones. Su configuración, contaría con 15 miembros nombrados públicamente de los cuales, 5 serían ciudadanos de la UE, 5 de los EE.UU. y el resto de terceros países. Concretamente, la sala de apelaciones contaría con 6 miembros con la misma proporción de nacionalidades descrita. Además, los jueces deberían reunir los requisitos compatibles para ser magistrados en sus países de origen junto con una formación acreditada en Derecho Internacional. En relación a sus sentencias, no podría forzar cambios regulatorios de un Estado en caso de fallar en su contra, aunque si obligaría a indemnizar a la empresa afectada. La propuesta se discutirá con la Eurocámara antes de presentarla a los EE.UU.
Respecto a la protección de datos, el 6 de octubre el Tribunal de Justicia de la UE invalidó la determinación de la CE que permitiría la transferencia de datos personales de los europeos a empresas de EE.UU. alegando que considera insuficiente la garantía que ofrecen. Así, este asunto recaerá ahora en las agencias nacionales de protección de datos de los Estados miembros. Asimismo, simultáneamente a la celebración de las negociaciones en EE.UU. acontecieron las denominadas como Euromarchas entre el 15 y 17 de octubre hacia Bruselas que reflejaron el descontento de la sociedad civil hacia materias como el TTIP. Como ejemplo, más de 3 millones de firmas en la UE piden el fin de las negociaciones.
