Artículo de opinión firmado por Joaquín Merchán Bermejo, vicepresidente de Unión Profesional y presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España.

La justicia social es un concepto fundamental en las ciencias sociales, el derecho y la política, que busca una sociedad más equitativa, en la que los derechos humanos, las oportunidades económicas y sociales, y el bienestar general estén distribuidos de manera justa entre todos los individuos, sin importar su origen, género, raza, religión o condición social. Este ideal surge como respuesta a las desigualdades estructurales y a la exclusión que han caracterizado a muchas sociedades a lo largo de la historia, y propone una transformación profunda de los sistemas políticos, económicos y culturales para garantizar la dignidad y el respeto de todas las personas. 


DESAFÍOS DE LA JUSTICIA SOCIAL

El término justicia social comenzó a adquirir relevancia en el siglo XIX, en el contexto de la Revolución Industrial y el auge del capitalismo, cuando se hicieron evidentes las condiciones de explotación laboral, pobreza extrema y marginación de amplios sectores de la población. En ese contexto surgieron voces disidentes que comenzaron a cuestionar las bases de la organización social vigente, denunciando las desigualdades generadas por un sistema económico que concentraba la riqueza en pocas manos. Desde entonces, la justicia social se ha convertido en una bandera para numerosos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y políticas públicas orientadas a la equidad.

La noción de justicia social no se limita únicamente a la distribución de bienes materiales, sino que abarca también el acceso igualitario a la educación, la salud, el trabajo digno, la participación política y la protección frente a la discriminación. De esta manera, se diferencia de la justicia legal o formal, que se centra en el cumplimiento de normas jurídicas, y propone una justicia sustantiva, que toma en cuenta las condiciones reales de vida de las personas y busca corregir las desigualdades de origen.

En el mundo contemporáneo, los desafíos para alcanzar la justicia social son múltiples y complejos. La globalización económica, el cambio climático, las migraciones masivas, las brechas tecnológicas y las persistentes desigualdades entre países, incluso dentro de ellos, hacen necesario replantear constantemente las estrategias para lograr una sociedad más justa. Organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han reconocido la justicia social como un objetivo prioritario del desarrollo sostenible, destacando su papel clave para la paz, la cohesión social y la estabilidad democrática.

“Justicia social” son dos palabras que, por separado, resultan poderosas; pero unidas encierran un auténtico universo, una misión permanente y siempre inacabada. Represento a una profesión pionera en la promoción de la justicia social en España. Los graduados sociales entendemos esas dos palabras de un modo dinámico y multidimensional que invita a repensar cómo se organiza nuestra sociedad para asegurar que todas las personas vivan con dignidad, puedan ejercer sus derechos y desarrollen plenamente su potencial en un marco de equidad.

TRABAJO DECENTE

El concepto de trabajo decente, formulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a finales del siglo XX, surgió como una respuesta a las crecientes desigualdades laborales y sociales en el contexto de la globalización. Como recoge la Declaración de Filadelfia, hoy carta fundacional de la OIT, “el trabajo no es una mercancía”. Yo añadiría: el trabajo es, ante todo, un derecho de las personas, por lo que desterrar definitivamente la expresión “mercado de trabajo” sería un deseo a cumplir por nuestra sociedad: el trabajo no se compra, ni se vende; se ejerce con dignidad.

Y es que el trabajo decente es una condición esencial para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la construcción de sociedades más justas. No se trata únicamente de generar empleo, sino de asegurar que cada persona tenga acceso a un trabajo digno, seguro y con oportunidades reales de crecimiento. No se trata por tanto de una meta laboral, sino de un compromiso ético y social con la dignidad humana. También es esencial para la paz social. La falta de empleo digno genera frustración, marginación y, en muchos casos, conflictos sociales. En cambio, cuando las personas sienten que su trabajo es valorado y respetado, se fortalece el tejido social, se incrementa la productividad y se construyen economías más resilientes y sostenibles.

En la actualidad, estamos trabajando por garantizar el acceso a un trabajo decente para todas las personas, dado que todavía nos encontramos ante una informalidad laboral, especialmente en países en vías de desarrollo. Millones de personas trabajan en condiciones precarias, sin contrato, sin acceso a seguridad social, ni a prestaciones laborales. Esta situación limita sus derechos y los expone a vulnerabilidades económicas y sociales, al mismo tiempo que debilita la capacidad del Estado para implementar políticas públicas eficaces en materia de empleo y protección social.

AUTOMATIZACIÓN Y DESIGUALDADES

Es por ello que se han de plantear nuevas soluciones como la automatización y digitalización del trabajo, pero teniendo en cuenta que, si bien estas transformaciones tecnológicas han creado nuevas oportunidades laborales, también han desplazado empleos tradicionales, generando incertidumbre y precarización. La economía de plataformas, por ejemplo, ha dado lugar a formas de empleo donde los trabajadores carecen de estabilidad, protección jurídica y beneficios básicos, pese a estar sujetos a condiciones estrictas de desempeño y evaluación.

Por otro lado, la desigualdad de género y discriminación sigue siendo una barrera para el trabajo decente. Hoy en día, todavía en muchas partes del mundo, las mujeres se enfrentan a brechas salariales, menores oportunidades de ascenso y una sobrecarga de trabajo no remunerado, especialmente en el cuidado de niños y personas mayores. Asimismo, otros grupos como personas con discapacidad, comunidades indígenas o migrantes también se encuentran con barreras estructurales para acceder a empleos dignos. Y en sectores como la minería o la industria extractiva, numerosos trabajadores podrían perder sus empleos, si no se diseñan políticas adecuadas de reconversión laboral, capacitación y protección social durante la transición hacia economías más sostenibles.

Cabe también destacar, que nos encontramos con altas tasas de desempleo y subempleo entre los jóvenes, lo cual afecta a su desarrollo profesional y personal. La falta de experiencia, oportunidades de formación y contactos, en muchos casos, los excluyen del mercado formal, generando frustración y pérdida de capital humano. Asimismo, todavía existe en algunos países fragilidad institucional y falta de políticas públicas efectivas que impiden avanzar hacia un modelo de empleo inclusivo y justo. La corrupción, la escasa inversión en educación y formación profesional, junto con la falta de diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores dificultan la construcción de entornos laborales equitativos.

En este sentido, garantizar trabajo decente es una tarea urgente y compleja que requiere acciones coordinadas a nivel local, nacional e internacional. Es necesario promover políticas laborales inclusivas, invertir en educación y formación continua, regular nuevas formas de empleo digital, y asegurar que los principios de justicia, equidad y sostenibilidad estén en el centro de la agenda laboral del siglo XXI.

COMPROMISOS PRESENTES Y FUTUROS

Ante este panorama, es urgente que los estados, las empresas y la sociedad en su conjunto se comprometan a promover políticas públicas que garanticen condiciones laborales justas, como son:

• Fortalecer la legislación laboral y su cumplimiento, asegurando que todas las personas trabajadoras, sin importar el sector, tengan acceso a derechos básicos: contrato, salario digno, jornada limitada, vacaciones, seguridad social y protección contra el despido arbitrario. Promover la formalización del empleo, especialmente en economías emergentes, donde gran parte del trabajo se desarrolla en la informalidad.

• Fomentar el diálogo social, fortaleciendo a los sindicatos y promoviendo la negociación colectiva, como mecanismos esenciales para equilibrar el poder entre empleadores y trabajadores.

• Reducir las brechas de género en el mundo laboral, mediante políticas de equidad salarial, conciliación entre la vida laboral y familiar, así como combatir todas las formas de acoso y discriminación.

• Regular las nuevas formas de trabajo digital, garantizando que la tecnología no sea una excusa para precarizar, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.

Si bien es cierto que los gobiernos, los empleadores, los sindicatos y la sociedad civil tienen un papel que cumplir; debo resaltar que también nosotros, como graduados y graduadas sociales, como profesionales, tenemos la responsabilidad de exigir, promover y defender un modelo laboral basado en el respeto, la equidad y la inclusión. Porque, en definitiva, no se trata solo de trabajar para vivir, sino de vivir con dignidad, gracias a un trabajo que merezca ese nombre, siendo el trabajo decente uno de los paradigmas de la justicia social.