En materia de servicios profesionales el objetivo es establecer diálogo entre los países para abordar el reconocimiento de cualificaciones profesionales, licencias y registros.
El TISA (Trade in Services Agreement) se define como el nuevo propósito de liberalizar el comercio de servicios a nivel internacional. Este pretendido Acuerdo se enmarca al mismo nivel que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que se negocia actualmente entre EE.UU. y la UE y, por otro lado, la Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) que los americanos abordan con los países asiáticos. Movimientos que deben entenderse como las alternativas consecuencia de la acotada actuación que despliega la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde la Ronda de Doha en 2001 que se saldó sin los resultados esperados. De esta forma, debemos entender el TISA proveniente también del denominado GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) vigente desde 1995. Las negociaciones, que comenzaron formalmente en marzo del 2013, suman ya doce rondas, cuya última edición tuvo lugar en Ginebra el pasado abril.
Sin embargo, la opacidad y escasez de información trasladada por parte de los responsables sobre las cuestiones debatidas, han dificultado realizar análisis en relación al impacto que podría causar este Acuerdo. A ello, se suma la lentitud en sus procesos ya que el TISA aspira a una mayor dimensión en el sector servicios si observamos que involucra a 50 países entre los que se encuentran la Unión Europea de los 28 además de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía. Un bloque que suma casi el 70% del comercio mundial de servicios. En este sentido, la información disponible más reciente con la que se cuenta sobre el TISA proviene de las filtraciones que realizó la plataforma Wikileaks y que conocimos a comienzos del mes de junio.
¿Qué implicaría para los ciudadanos y gobiernos?
Precisamente, a partir del conocimiento de estas informaciones se puede configurar una panorámica más definida de los potenciales impactos que se derivarían de la aprobación de este acuerdo. Entre ellos, si nos centramos en los sectores objeto de la negociación se hallan las telecomunicaciones, el sector financiero, el transporte aéreo y marítimo, las modalidades de comercio electrónico, los servicios postales, la distribución de mercancías, el movimiento de personas y los servicios profesionales, entre otros, además de determinadas normativas de carácter interno de los Estados.
En esta línea, se desprende de los documentos que los Gobiernos podrían perder autonomía legislativa para articular sus políticas. Así, se solicita un grado de transparencia de los movimientos que las autoridades de cada país decidan emprender para que, de ese modo, las multinacionales puedan conocerlas de primera mano y tengan la posibilidad de presionar o incluso, como se ha propuesto, dirimir en un tribunal de arbitraje internacional sus intereses. Por tanto, las sociedades de estos países se desenvolverían en un marco que podría tomar un tono menos garantista en derechos, en tanto en cuanto, los estándares laborales, la atención sanitaria, la privacidad de sus datos o los asuntos medioambientales puedan reducirse o ser más laxos.
TISA y los servicios profesionales
Más en detalle, unos de los sectores mencionados, qué es abordado actualmente en las negociaciones, son los servicios profesionales de los que también se publicó un anexo específico por Wikileaks. Entre las categorías de servicios que están sobre la mesa se enuncian los servicios jurídicos, los servicios de arquitectura e ingeniería, veterinaria, educación, así como de contabilidad, auditoría y teneduría de libros de cuentas.
De esta manera, en cuanto a la finalidad que se persigue, el documento sostiene que «cada país consultará con los órganos competentes en su territorio para tratar de identificar a los sectores de servicios profesionales o subsectores donde dos o más países tengan interés mutuo para establecer diálogo sobre materias relativas al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, licencias y/o registros». Mientras, las conversaciones seguirán su curso, si bien, como sostiene la Comisión Europea «no hay un plazo establecido para poner fin a las negociaciones».
