Entrevista a Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales y Vicepresidente de Unión Profesional.
En 2022 tuvo lugar la creación de Comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico, en la que, entre otras entidades, se encuentran las corporaciones asociadas a Unión Profesional, como el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores y el Consejo General de Graduados Sociales. Desde entonces, ¿cuáles han sido los avances, ámbitos de actuación o hitos destacados en este sentido?
Desde la creación de la Comisión, estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la elaboración de textos jurídicos, con un mayor énfasis en el diseño, en la estructuración y en la redacción de los mismos. Se han logrado avances significativos en la identificación de barreras que dificultan la comprensión del lenguaje jurídico y en la propuesta de soluciones para hacer más accesible la información legal a la ciudadanía.
Este cambio está siendo objeto de numerosas recomendaciones por autoridades en distintos ámbitos como pueden ser:
– Guía de Redacción Judicial Clara del Ministerio de Justicia. Un documento que sirve como guía general para la redacción de textos jurídicos. Regula los elementos que debe contener, la estructura que deben tener, el tono que hay que utilizar o los detalles de formato que se suelen utilizar de forma incorrecta.
– Guía Práctica para la Comunicación Clara de la Comunidad de Madrid. Recoge los principales pasos a seguir para la redacción clara, precisa y simple de cualquier tipo de documento.
– STSS 339/2023 y 341/2023. Se trata de las primeras decisiones judiciales en las que se ordena que la resolución se redacte, también, en formato de lectura fácil.
– Norma ISO 24495 – Parte 1, sobre Lenguaje Claro y, en especial, la Parte 2 relativa a la Elaboración y Redacción de Textos Legales. Estos documentos tienen como objetivo ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos. La implantación de dichas certificaciones supone además la mejora del reconocimiento de la marca y la reputación de la empresa.
Asimismo, se están llevando a cabo la organización de jornadas y encuentros entre profesionales del derecho y expertos en comunicación para fomentar la divulgación del lenguaje claro.
Desde el Consejo General de Graduados Sociales consideramos fundamental continuar en esta línea de trabajo para garantizar que las normativas y procedimientos sean comprensibles para todos, fortaleciendo así la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia.
El lenguaje claro constituye un medio para hacer efectivo el derecho a saber de la ciudadanía, concretamente, en el ámbito de actuación de las profesiones colegiadas, en lo que representa el acceso a determinados servicios profesionales; pero también el deber de informar por parte de los profesionales ¿en qué medida ve oportuna esta iniciativa? ¿Cómo irradiar iniciativas de estas características a otras profesiones colegiadas provenientes de sectores diversos como el social, sanitario, económico, docente, ingeniería, arquitectura o científico?
El lenguaje claro es una herramienta esencial para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía y mejorar la relación entre los profesionales colegiados y sus clientes o usuarios. En el caso de los Graduados Sociales, esta necesidad es especialmente relevante en la comunicación de procedimientos laborales, fiscales y de seguridad social, donde la claridad es clave para evitar malentendidos y mejorar la toma de decisiones.
Extender esta iniciativa a otras profesiones colegiadas es una oportunidad para reforzar la confianza de la sociedad en los servicios profesionales y fomentar una mayor accesibilidad a la información en sectores como el sanitario, económico, docente o técnico.
El reto está en lograr que el lenguaje claro sea visto no solo como un deber, sino como una ventaja competitiva que mejora la calidad del servicio profesional.
¿Cuáles considera que son las principales ventajas de incluir la práctica del “lenguaje claro” entre las profesiones colegiadas? ¿Cuáles diría que son los ámbitos en los que podría impulsarse de manera más relevante?
Estamos hablando de una mayor transparencia y confianza. De esta forma, los ciudadanos comprenderán mejor la información que reciben, lo que reducirá la incertidumbre y la desconfianza en los procesos administrativos y jurídicos.
Además, consideramos que habrá una reducción de errores y litigios, al evitar interpretaciones erróneas que pueden derivar en conflictos legales o administrativos. Así como, se agilizarán los trámites al ser comprensibles los documentos y explicaciones desde el primer momento.
Los ámbitos donde el lenguaje claro puede tener un impacto más relevante será en los documentos legales y administrativos (contratos, resoluciones, normativas, circulares), en las comunicaciones con clientes y ciudadanos (informes, notificaciones, asesoramiento) y en todo lo relacionado con la formación y divulgación en el ámbito profesional y colegial.
Unión Profesional trabaja en varias iniciativas de carácter multidisciplinar para fomentar el lenguaje claro entre los asociados como medida contra la desinformación, en el marco de las problemáticas y propuestas de soluciones aportadas por las profesiones dentro del Foro Integral de Cultura de Seguridad Nacional (síntesis de las aportaciones). ¿Cuál diría que es el papel que puede asumir Unión Profesional en el impulso y canalización de iniciativas en este ámbito?
Unión Profesional puede desempeñar un papel clave como impulsor y coordinador de iniciativas en favor del lenguaje claro. De hecho, se está volcando en organizar foros y mesas de trabajo multidisciplinares donde se compartan buenas prácticas y experiencias exitosas en lenguaje claro.
Elabora documentos de referencia para ayudar a los colegios profesionales a implementar estrategias de comunicación clara, y promueve acciones de sensibilización y formación para que los profesionales colegiados incorporen el lenguaje claro en su día a día.
Otro aspecto fundamental es que está sirviendo como interlocutor con la Administración y otros organismos, para que la modernización del lenguaje en el ámbito profesional y jurídico sea una prioridad en la agenda pública.
El compromiso con el lenguaje claro no solo mejora la comunicación entre profesionales y ciudadanía, sino que también contribuye a combatir la desinformación, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.
