El 11 de diciembre se publicaba el Real Decreto por el que se crea el Comité Organizador de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Una Cumbre que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno, representantes de las administraciones públicas y de la sociedad civil de todo el mundo «con el fin de mejorar la calidad democrática y potenciar los valores de la transparencia y la rendición de cuentas; la participación ciudadana y la colaboración; y la integridad pública, prestando especial atención a la sostenibilidad medioambiental, a la igualdad y la inclusión social para conseguir sociedades más justas y pacíficas».
La acogida de este acto tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz (País Vasco), capital de una de las seis Comunidades Autónomas que pertenecen a Open Government Partnership (OGP Local), los días 7, 8 y 9 de octubre de 2025. La finalidad de la constitución de dicho órgano responde a la necesidad de garantizar la mejor organización y coordinación de las diferentes administraciones públicas involucradas. En este sentido, «el Comité Organizador se configura como un órgano colegiado interministerial de la Administración General del Estado en el que participan otras administraciones territoriales involucradas en el evento, y representantes de la sociedad civil y cuya presidencia recae en la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública».
ESPAÑA ASUME LA CO-PRESIDENCIA DE LA ALIANZA
España es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde la fecha de su fundación, en el 2011 y, miembro del Comité Directivo del OGP desde marzo del 2023. Este año, nuestro país presentó su candidatura para copresidir el Comité Directivo, siendo elegida por unanimidad el 5 de septiembre del 2023 en la Cumbre Mundial de la Alianza celebrada en Tallin (República de Estonia). Una responsabilidad que asume desde el 1 de octubre del 2024 hasta el próximo 30 de septiembre del 2025, como copresidente principal junto con la organización filipina Bantay Kita, en representación de la sociedad civil. La Alianza cuenta ya con 75 países, más de 100 gobiernos locales y miles de organizaciones de la sociedad civil.
PLANES DE GOBIERNO ABIERTO
Unión Profesional es parte del IV Plan de Gobierno de Gobierno Abierto 2020-2024 como representante de la sociedad civil, una andadura que llega a su fin dando paso al V Plan 2024-2028. La configuración del plan en ciernes ha contado con la asociación que se ha participado de forma activa en la fase preparatoria y de diseño tanto en la consulta pública convocada en el mes de marzo por la Dirección General de Gobernanza Pública, órgano directivo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, como en los talleres deliberativos.
Si bien, de acuerdo al calendario previsto, la aprobación del V Plan de Gobierno abierto estaba establecido para el mes de diciembre, debido al alto volumen de aportaciones recibidas, se ha producido una alteración en la hoja de ruta de co-creación del mismo, previendo la consulta pública al conjunto de la ciudadanía a inicios del 2025.
RESPONSABILIDAD COMO DENOMINADOR COMÚN ENTRE CIUDADANÍA, PROFESIONALES E INSTITUCIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL MARCO DEL GOBIERNO ABIERTO
En la entrevista realizada a Carmen Cabanillas, Directora General de Gobernanza Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se recuerda el denominador común que ha de tener un ciudadano, profesional o institución pública/privada para fomentar y querer comprometerse con los principios y acciones que representa el gobierno abierto. La Directora apunta que «convivir en democracia pasa inexorablemente por asumir como propios los principios y valores del Gobierno Abierto. El común denominador que se espera de los ciudadanos, y más especialmente, de los profesionales que trabajan con las administraciones públicas y de las propias instituciones públicas, es la responsabilidad en su actuación pública, ya sea a través del uso y fomento de una mayor participación ciudadana, como de una exhaustiva rendición de cuentas en el marco de la integridad, que debe ser asumida por parte de quienes participan en la toma de decisiones públicas. Se trata, en definitiva, de fomentar una efectiva colaboración en gobernanza pública fomentando la participación de la sociedad civil».
