Gobernar desde la desconfianza

¿Es posible gobernar desde la desconfianza y la ausencia de diálogo serio? En los últimos tiempos, en el mundo de la justicia y de los servicios y colegios profesionales, que es el que mejor conozco, el Gobierno viene haciendo ambas cosas. Sospecha de los ciudadanos que plantean tres pleitos en un año y les obliga a volver a demostrar que son pobres de necesidad. No piensa que, en estos tiempos de crisis, un ciudadano puede ser despedido y tener que reclamar sus salarios, que puede tener problemas para pagar su comunidad de vecinos y ser demandado o divorciarse o recibir una multa. Más de tres peticiones de justicia gratuita en un año son suficientes para que se encienda la luz roja y conviertan al ciudadano en un peligroso sospechoso de abuso. Es como si un ciudadano que acude cinco veces al médico en un año, aunque tenga un cáncer, tuviera que demostrar que se va a morir.

Además, si el pleito dura más de un año, aunque la culpa sea de la Administración de justicia, o si recurres una sentencia, también tienes que volver a solicitar el beneficio de justicia gratuita. Cornudos y apaleados. Y a los abogados de oficio, a dos euros la hora, se les paga con un año de retraso. O no se les paga porque aunque han hecho su tarea, su defendido no alcanza el beneficio de justicia gratuita, y ellos no cobran. Y no pasa nada.

Contra el proyecto de ley de justicia gratuita, actualmente en trámite parlamentario, y en defensa de los derechos de los ciudadanos y de la dignidad de los abogados, se manifiesta unánimemente la abogacía. Este proyecto es un grave error que traspasa las líneas rojas del derecho de defensa y que pone en riesgo un modelo que funciona y que da respaldo a los más desfavorecidos, gracias al trabajo de los abogados de oficio y de los 83 colegios de abogados. ¿Debe un Estado de derecho, en el que el acceso universal a la justicia es un pilar esencial e indispensable para su supervivencia, dificultar el acceso de quienes lo necesitan imperiosamente, maltratar a quienes hacen de la defensa de los derechos de los ciudadanos su profesión e incluso su razón de vida y burocratizar uno de los servicios que mejor funciona?

En el caso de los colegios profesionales, lo mismo. Sospechan de ellos y les regulan sin diálogo. Cobran mucho —dicen—, dan pocos servicios —aunque ignoran qué servicios dan—, se les ponen nuevas obligaciones, se aumentan los trámites burocráticos y se reducen sus ingresos, de forma que, en muchos casos, no puedan hacer frente a sus funciones. Y entonces la Administración se reserva el derecho de disolver la Junta de Gobierno y convocar nuevas elecciones.

La fuerte campaña de intoxicación que la Administración ha puesto en marcha contra los colegios profesionales es un desatino que va a tener consecuencias. Mientras ellos no presentan una memoria económica razonada, nosotros sí podemos probar que si la ley se aprueba como está hoy casi en la mesa del Consejo de Ministros, se perderán entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo.

Podemos probar que la fijación de unas cuotas máximas de 240 euros por colegiado y año para todas las profesiones, para todos los colegios, hagan lo que hagan, tengan las obligaciones que tengan y presten los servicios que presten, están basadas en cálculos económicos y estadísticos erróneos y van a provocar la desaparición de muchos de esos colegios, con perjuicios a los profesionales, pero también a los ciudadanos a los que el Gobierno dice querer defender.

¿Se puede emprender reformas de fondo sin diálogo serio con los afectados? Se puede, claro, pero también se ha demostrado que esas reformas acaban sin entrar en vigor o son cambiadas por el Gobierno siguiente, aunque el daño realizado no pueda ser evitado en su totalidad. Es cierto que ha habido muchas reuniones entre el Ministerio de Economía y los distintos colegios profesionales. Pero eso no quiere decir que haya habido diálogo. Ni siquiera que se hayan escuchado, y no digo ya tenido en cuenta, las opiniones de los colegios. Aunque hubiera habido 10 veces más reuniones, el resultado habría sido el mismo: las decisiones ya estaban tomadas desde el desconocimiento de la realidad.

No es cierto que Europa exija estos cambios. Europa exige, como los colegios profesionales venimos pidiendo desde hace décadas, una modernización de los servicios y de los colegios profesionales. Lo que el Gobierno propone es simplemente una manera de callar a los colegios profesionales y unos mecanismos para controlarlos. Los colegios profesionales, en particular la abogacía, han sido combativos en asuntos que afectan al derecho de acceso a la justicia —las tasas, la justicia gratuita— y en otros que se refieren a leyes que ponen en riesgo la calidad de la democracia. Este proyecto de ley es un ejemplo claro: está hecho con precipitación, con una urgencia innecesaria, con falta de diálogo con quienes la van a sufrir, con incoherencias y contradicciones que no son, precisamente, factores de calidad democrática y no soluciona los problemas que tenemos los profesionales, lo que debería ser, aunque no lo sea, el objetivo que debía haber movido al Gobierno.

El Ejecutivo puede aprobar estos proyectos de ley porque tiene mayoría absoluta. Pero las mayorías pasan y los profesionales seguiremos trabajando para crear empleo y riqueza. Y seguiremos votando con libertad e independencia. Con la misma con la que tratamos de ejercer nuestra profesión. Aunque no siempre nos dejen hacerlo.