El pasado 6 de diciembre se celebraba el 45º Aniversario de la Constitución Española, y el 10 de diciembre el 75º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre estas dos efemérides tan señaladas -y tras treinta y seis horas de compleja y dura negociación- se aprobaba el acuerdo de regulación de la Inteligencia Artificial en la Unión Europea, bajo la presidencia española del Consejo de la UE.
Este es un dato clave, puesto que España ha venido siendo referente a nivel internacional y liderando el “humanismo tecnológico” que promulga situar en el epicentro del ecosistema digital y del desarrollo tecnológico al ser humano y a sus derechos fundamentales. De este modo, en España fuimos pioneros a nivel mundial con la Carta española de Derechos Digitales presentada en Moncloa en julio del 2021, que cristalizó más tarde en la Declaración de Derechos Principios Digitales de la UE (es diciembre del 2022) y en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en entornos digitales (en marzo del 2023), con el objetivo de alcanzar un PACTO DIGITAL MUNDIAL, en la cumbre del futuro de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre del 2024 Portugal.
Desde la perspectiva de la Unión Europea -en confrontación con el modelo chino que sobrepone al Estado por encima del individuo, o con el de los EEUU que prima la economía y el libre mercado por encima de los derechos fundamentales- estamos convencidos de que el Mercado Único Digital debe ser confiable y sostenible, y para ello es clave desarrollar una regulación que garantice el respeto de los Derechos Fundamentales y el desarrollo de los Derechos Digitales en tecnologías como la IA y en el entorno digital, alcanzando un necesario y justo equilibrio con la innovación y el desarrollo tecnológico de esta nueva era digital.
Una nueva Era que iniciamos inmersos en la 4ª revolución industrial, que viene impulsada a una vertiginosa velocidad de propagación por tecnologías disruptivas como la propia Inteligencia Artificial, la robótica, la computación cuántica, big data, cloud computing, metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, neurociencia, biotecnología, nanotecnología, materiales inteligentes, impresoras 3d, vehículos autónomos, drones, etc….
Desde la perspectiva de la Unión Europea estamos convencidos de que el Mercado Único Digital debe ser confiable y sostenible, y para ello es clave desarrollar una regulación que garantice el respeto de los Derechos Fundamentales y el desarrollo de los Derechos Digitales en tecnologías como la IA y en el entorno digital, alcanzando un necesario y justo equilibrio con la innovación y el desarrollo tecnológico de esta nueva era digital.
Todo ello conlleva indudablemente una serie de retos y oportunidades, pero también de riesgos inherentes que deben ser atendidos y gestionados eficazmente. Claro que la regulación para respetar los derechos fundamentales en el desarrollo tecnológico no es el camino más fácil, ni el más corto. Claro que los acuerdos en esta materia serán siempre mejorables, pero es mucho mejor para todos que haya acuerdo que un “NO acuerdo”. Claro que toda regulación es perfectible, y que habrá que ir afinando progresivamente toda la «orquesta» (entre todos, autoridades, operadores) para conseguir que suene bien la «partitura», pero en la Unión Europea al menos tenemos «partitura», y estamos de acuerdo con ella: Innovación y desarrollo de la IA garantizando a la vez los derechos digitales de las personas.
Esto se viene traduciendo, de un tiempo a esta parte, en una híper producción regulatoria por parte de la Unión Europea para construir y recodificar el ordenamiento jurídico de este nuevo Mercado Único Digital, en iniciativas legislativas como la ePrivacy, la Data Governance Act, la Digital Market Act, la Digital Services Act, EU Digital Identity, Digital Euro, la NIS 2, EIDAS, Cyber Resilience Act, entre otras tantas, que empoderen al ciudadano digital y que lo confirmen como sujeto de derechos y de obligaciones, y no como mera mercancía o producto.
Para las Corporaciones de Derecho Público, y más en concreto, para los Colegios Profesionales, este proceso de transformación digital está suponiendo un sinfín de retos y de oportunidades, situando a sus Colegiados en el epicentro de la innovación y del desarrollo tecnológico, pero asegurando a la vez el respecto a sus derechos digitales.
Para las Corporaciones de Derecho Público, y más en concreto, para los Colegios Profesionales, este proceso de transformación digital está suponiendo un sinfín de retos y de oportunidades, situando a sus colegiados en el epicentro de la innovación y del desarrollo tecnológico, pero asegurando a la vez el respecto a sus derechos digitales.
Es por ello que en el último año, las Corporaciones Colegiales han tenido que redoblar sus esfuerzos para acabar de adecuarse y cumplir con normativa aplicable como RGPD, Transparencia, ENS, Canal de Denuncias, etc. siendo imprescindible para abordar el nuevo año que comienza el poder disponer de un Sistema Integrado de Cumplimiento Normativo que permita optimizar los recursos y cumplir a la vez de forma eficaz con toda esta regulación ya aplicable, y con la que está por venir, como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE.
ARTÍCULO DE OPINIÓN DE RODOLFO TESONE, ABOGADO ESPECIALIZADO EN IA Y PRESIDENTE EMÉRITO DE ENATIC.
