El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) encara el final del año 2022 con un volumen notable de publicación de convocatorias y acciones y, a su vez, con algunas dudas sobre el ritmo de ejecución.
De este modo, desde Unión Profesional se muestra un breve recopilatorio de las novedades y perspectivas más relevantes del PRTR que pueden ser de interés para el ámbito de las profesiones colegiadas y sus corporaciones colegiales. Una labor enmarcada en el Grupo de Trabajo 22 del Plan Estratégico de Unión Profesional relativo a esta materia.
CONTEXTO EUROPEO Y EVOLUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
Comenzamos en el plano europeo institucional y nos centramos en el último informe de estado de aplicación del PRTR en España publicado por la Comisión Europea (CE) el 14 de septiembre. Entre los aspectos principales, sobresale que nuestro país ha recibido ya 31.040 millones de euros en desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en forma de anticipo, junto con dos pagos oficiales realizados por la Comisión Europea.
El último desembolso a España se produjo el 29 de julio con una cuantía de 12.000 millones de euros y respondió al cumplimiento de 31 hitos y 9 objetivos vinculados, esencialmente, a la reforma de las pensiones, la reforma laboral y la modernización de la administración fiscal. Todo ello sitúa a nuestro país como el único Estado miembro que ha recibido este segundo pago; y aún le restan seis solicitudes por realizar hasta el 2026.
Entre los aspectos principales, sobresale que nuestro país ha recibido ya 31.040 millones de euros en desembolsos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en forma de anticipo, junto con dos pagos oficiales realizados por la Comisión Europea.
Además, a finales de junio la CE confirmó la partida adicional de 7.706 millones que recibirá nuestro país en transferencias no reembolsables tras la revisión definitiva realizada del desempeño del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2020 y el crecimiento acumulado entre 2020 y 2021. De esta forma, en lugar de los 69.528 millones de euros previstos se recibirán 77.234 millones euros en este capítulo de transferencias. Un cambio que, como señaló el Gobierno, requerirá actualizar el PRTR con nuevas inversiones y reformas. En síntesis, pese a que España ya habría recibido el 44,7% de los fondos europeos en transferencias no reembolsables según la CE, con esta ampliación hablaríamos de un porcentaje del 40,2%.
Con todo, nuestro país puede solicitar préstamos conforme al 6,8% de la Renta Nacional Bruta (RNB) del 2019, lo que equivaldría a unos 84.000 millones de euros más, como dispone el párrafo 48 del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En suma, más 160.000 millones de euros en transferencias y préstamos que España podrá movilizar hasta el año 2026 para acometer el PRTR.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO DETECTA DEFICIENCIAS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPAÑA
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas Europeo publicaba el 8 de septiembre el Informe Especial 21/2022 en el que formula recomendaciones destinadas a mejorar los procedimientos de la Comisión Europea (CE) en evaluaciones futuras de los planes nacionales de recuperación. Y, particularmente, con el fin de limitar los riesgos y desafíos que puedan comprometer la ejecución de dichos planes.
El análisis que efectúa el TCE aborda una muestra de seis Estados miembros: un primer grupo de cuatro (Alemania, España, Francia e Italia) que presenta la mayor asignación de subvenciones en términos absolutos), y un segundo grupo de dos (Grecia y Croacia) que tienen la mayor asignación de subvenciones respecto a su Producto Interior Bruto (PIB) del 2020.
En el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, detecta cuatro lagunas:
- Sistema de pensiones: apunta que con la reforma del sistema de pensiones «el impacto fiscal global del aumento del gasto en pensiones podría tener que atenuarse aún más mediante ajustes fiscales proporcionales en el futuro».
- Interconexiones eléctricas: el PRTR no incluye medidas para que aborden esta Recomendación Específica por País (REP).
- Políticas de investigación e innovación: el TCE no encuentra «cómo se coordinarán las políticas y las estrategias entre las distintas escalas de la gobernanza regional».
- Atención primaria: aunque el PRTR recoge planes para el despliegue de la reforma de la Atención Primaria, «no incluye las inversiones asociadas en este ámbito».
El TCE concluye que «la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia por parte de la Comisión fue adecuada en general, dada la complejidad del proceso y las limitaciones de tiempo». Sin embargo, realiza seis recomendaciones concretas a la CE: mejorar los procedimientos de evaluación y documentación; promover el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros; seguimiento de la contribución de las medidas aplicadas a la ejecución de las recomendaciones específicas por país; mejorar la transparencia y el seguimiento del principio de ‘no causar un perjuicio significativo’; garantizar la claridad de los mecanismos de comprobación de hitos y objetivos, así como su adecuada definición; y verificar el cumplimiento de los hitos específicos de seguimiento y control y fomentar el uso de la herramienta de extracción de datos y puntuación de riesgos de la CE.
GRADO DE EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
Mientras, si ponemos el foco en los avances y aplicación en nuestro país del PRTR nos remitimos a la comparecencia que realizó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados celebrada el 22 de septiembre.
Entre los datos principales del PRTR destaca que se han autorizado 18.826 millones de euros hasta septiembre del 2022 en materia de inversiones, junto con 15.350 millones de euros ya comprometidos. En contraste, según los datos de la Intervención General del Estado los pagos realizados de forma efectiva por los diferentes Ministerios se quedan en 6.900 millones entre el año 2021 y los que va de 2022 hasta el 31 de julio como publicó también El Economista.
En una sintonía similar, la CEOE publica en su tercer informe de seguimiento de los fondos NextGeneration en España que el grado de ejecución de los fondos del PRTR en nuestro país está en el 0,2% como recoge el informe del Banco Central Europeo: The Economic Impact of Next Generation: a euro perspective que toma los datos del Banco de España como base. En contexto, el grado de ejecución de otros Estados miembros se sitúa como máximo en el 0,5% que presenta Francia.
Más de 70.000 proyectos ya han resultado beneficiarios de las convocatorias y licitaciones de servicios y obras realizadas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, el Gobierno asegura que más de 70.000 proyectos ya han resultado beneficiarios de las convocatorias y licitaciones de servicios y obras realizadas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. De este volumen, 53.600 fueron impulsados por empresas, entidades locales y centros tecnológicos y de investigación, y cuentan con financiación estatal.
Por su parte, el ejecutivo ha transferido 18.379 millones de euros a las Comunidades Autónomas mediante las 100 conferencias sectoriales celebradas con el fin de gestionar y ejecutar inversiones en ámbitos de su competencia como la educación, la formación profesional, vivienda social, rehabilitación de edificios, movilidad sostenible, o cuidados, entre otros. Junto a ello, se han movilizado 9.372 millones de euros en convocatorias lanzadas, entre las que se subraya las relacionadas con el PERTE de las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, y el PERTE de salud de vanguardia. Como resultado de este desempeño, las previsiones del Gobierno apuntan a que la ejecución del PRTR incrementará el PIB en 2,6 puntos porcentuales de media hasta el 2031.
REFORMAS DE INTERÉS: CONCURSAL, LEY CREA Y CRECE, Y AUTÓNOMOS
En el capítulo de reformas vinculadas al desarrollo del PRTR, cabe destacar tres de las más importantes en los últimos meses. En primer lugar, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como Ley Crea y Crece, que fue aprobada el 15 de septiembre por el Congreso de los Diputados de forma definitiva, y que está enmarcada en el Componente 13 del PRTR sobre Impulso a la pyme. Entre sus objetivos se encuentra «facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad y e impulsar su crecimiento y expansión». Además, esta ley modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado con el propósito de reforzar la cooperación entre las Administraciones Publicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad. De tal forma, el texto de la ley queda listo para su publicación en BOE y entrada en vigor.
La reforma concursal es otra de las más importantes acometidas dentro del PRTR y también está contenida en el Componente 13 sobre Impulso a la pyme. Se trata de la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, y su entrada en vigor se produjo el 26 de septiembre. La finalidad que persigue esta reforma es mejorar el proceso de reestructuración de empresas y, por ello, transpone la Directiva europea de reestructuración e insolvencia. Asimismo, provee de instrumentos ágiles para mejorar los procedimientos de insolvencia y facilitar el mantenimiento de las empresas viables.
La reforma concursal es otra de las más importantes acometidas dentro del PRTR y también está contenida en el Componente 13 sobre Impulso a la pyme.
Igualmente, la aprobación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad, es otra reforma capital del Gobierno. Dentro del PRTR figura como la tercera reforma del Componente 30 que trata la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Por ende, el ánimo de la reforma es hacer converger el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con el Régimen General en materia de pensiones y mejorar así las coberturas de los trabajadores por cuenta propia. De hecho, el ministró Escrivá presentó la reforma a las profesiones colegiadas en un acto celebrado por el Consejo General de Economistas y Unión Profesional.
La entrada en vigor de este Real Decreto se producirá el 1 de enero del 2023. Si bien, tras ser convalidado por el Congreso de los Diputados el 25 de agosto, se aprobó que la reforma sea Proyecto de Ley, de manera que, actualmente, está en plena tramitación parlamentaria. Solo cuando se apruebe, dicho Real Decreto dejará de tener validez.
PROGRAMA KIT DIGITAL – 2ª CONVOCATORIA ABIERTA
Una de las convocatorias que puede ser más provechosa para las profesiones colegiadas es el denominado Programa Kit Digital. El 2 de septiembre se abrió la segunda convocatoria con una cuantía de 500 millones de euros que permite el acceso a las ayudas destinadas a la digitalización de pequeñas empresas. Concretamente, para aquellas que tengan entre 3 y menos de 10 empleados.
Las ayudas para este segmento de empresas están cifradas en 6.000 euros y contempla como novedad la posibilidad de financiar la presencia avanzada en internet y Marketplace. Al mismo tiempo, esta cuantía se podrá destinar a cuestiones como la gestión de redes sociales; comercio electrónico; gestión de clientes; servicios y herramientas de oficina virtual; inteligencia empresarial, ciberseguridad, etc.
Esta convocatoria, que está gestionada por Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estará disponible para presentar solicitudes por las empresas hasta las 11h del 2 de septiembre del 2023.
ADENDA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN PREVISTA PARA OCTUBRE
En la medida que España recibirá 7.706 millones de euros adicionales en transferencias no reembolsables y dispone de 84.000 millones de euros en préstamos como se ha descrito, el Gobierno prepara una adenda al Plan de Recuperación. Su finalidad es configurar la distribución de nuevas reformas e inversiones que se financiarían con estos fondos.
A tal efecto, Calviño puso en marcha a comienzos de septiembre un proceso de diálogo y consulta con las Comunidades Autónomas, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para delimitar la articulación y destino de estas transferencias y préstamos. Entre las líneas principales que recibirían mayor cuantía de los fondos se encuentran los PERTE para reforzar la autonomía estratégica en energía, agroalimentación, industria, ámbito tecnológico y digital.
Según las últimas informaciones, el Gobierno tendría lista esta adenda en el mes de octubre y sería enviada posteriormente a la Comisión Europea.
