En el año 2018 el sector de la Odontología en España ha estado marcado por el cierre de iDental, un hecho que no nos ha cogido por sorpresa. Desde 2015, tanto los Colegios de Dentistas como el Consejo General, hemos advertido de ciertas prácticas que se llevaban a cabo en esta compañía y en otras de estructura similar que no podían derivar en nada bueno, como efectivamente ha ocurrido.
A lo largo de estos años, los Colegios y el Consejo General de Dentistas de España nos hemos reunido constantemente con responsables de la Administración Central, consejerías y partidos políticos para trasladarles lo que estaba sucediendo, puesto que son quienes tienen competencias para investigarles y sancionarles. Asimismo, hemos incrementado nuestra presencia en los medios de comunicación para lanzar un mensaje de prevención e intentar impedir que los ciudadanos cayeran en la trampa de estas personas sin escrúpulos.
Sin embargo, después de todo el esfuerzo realizado, todavía hay determinados colectivos y sectores que nos culpan de todo lo acontecido porque, según ellos, no hemos hecho nada para evitarlo, nos tachan de cómplices de semejante estafa «porque los que trabajaban allí eran dentistas» y nos exigen que seamos nosotros quienes obliguemos a los colegiados a realizar informes periciales o tratamientos gratuitos a las víctimas.
Es entonces, cuando caemos en la cuenta del gran desconocimiento que existe acerca de las funciones y competencias de los Colegios Profesionales y los Consejos. Y, quizás, sea el momento adecuado para que la población nos conozca y reafirmar así nuestra existencia. Debemos informar de que, entre nuestras funciones, están la de proteger y defender los derechos de los colegiados, por ejemplo, frente al intrusismo profesional. Del mismo modo, debemos llevar a cabo la ordenación de la profesión y el control ético y deontológico de sus profesionales con el objetivo de proteger los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios ofrecidos por sus colegiados.
CONTROL PUBLICITARIO
Por supuesto, también debemos reconocer que entre los colegiados hay determinadas ‘ovejas negras’ que, aprovechándose de la laxitud de nuestras leyes y normativas, consiguen encontrar la manera de llenarse el bolsillo sin tener en cuenta la ética profesional a la que se deben, algo impensable hasta hace relativamente poco tiempo. En España, la Odontología ha experimentado un gran cambio debido a la plétora profesional y a la proliferación de clínicas dentales corporativas que anteponen el interés económico de sus propietarios —generalmente, ajenos al sector sanitario— sobre la salud de los pacientes. Para conseguir sus objetivos, estos modelos asistenciales utilizan una publicidad agresiva, muchas veces con mensajes engañosos que confunden a los ciudadanos, y unos métodos de financiación abusivos. El problema es que no estamos hablando de un bien de consumo más, estamos hablando de salud y, aunque muchos se empeñen en venderlo como algo meramente estético, evidentemente, no lo es.
Gracias a la insistencia del Consejo y de los Colegios parece que los partidos políticos han asumido la necesidad de regular la publicidad sanitaria, sobre todo, después del escándalo de iDental. Hace unos meses, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó una PNL que instaba al Gobierno a que regulase la publicidad sanitaria de las clínicas odontológicas y otros centros sanitarios. El objetivo de esta PNL es que la publicidad en esta materia sea aséptica y no incite al consumo a través de ofertas o descuentos de productos, lo que evitaría estafas multitudinarias como las que estamos viendo.
CONTROL DEONTOLÓGICO
Además de la necesidad de una regulación de la publicidad sanitaria, el Consejo y los Colegios de Dentistas insistimos en que, si la Administración aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados, se evitarían situaciones como las que estamos viendo con iDental y otras clínicas corporativas.
Y es que, actualmente, la Organización Colegial solo puede controlar los servicios que prestan individualmente sus colegiados, pero no las sociedades mercantiles. Únicamente tenemos competencias deontológicas frente a estas empresas cuando se constituyen como sociedades profesionales y se inscriben como tales en el Registro Mercantil y en el Colegio, teniendo, por tanto, la misma consideración que un colegiado. Lo que sí podemos hacer, y es lo que hemos hecho desde el primer momento con iDental, es denunciar ante las autoridades competentes cualquier incumplimiento normativo por parte de una clínica dental.
Los Consejos y Colegios Profesionales de cualquier sector debemos asumir las competencias establecidas y mantener una política de tolerancia cero con aquellas situaciones que puedan afectar nocivamente a la ciudadanía. La Administración Central, las Consejerías y los partidos políticos deben encontrar en nosotros a los cómplices necesarios para velar por los derechos de los colegiados y para conseguir que la población reciba unos servicios de calidad que cumplan con todas las garantías.
