Jornada organizada por Unión Profesional y el Consejo General de la Abogacía.
El pasado martes, 2 de noviembre, tuvo lugar en Madrid la jornada titulada “La obligación de vacunarse: abordaje multidisciplinar y ámbito laboral”, organizada por Unión Profesional y el Consejo General de la Abogacía. El objeto de la misma estuvo en debatir si se puede llegar a imponer en nuestro país la obligatoriedad de vacunarse dados los recientes ejemplos internacionales, como es el caso de Italia, que requiere un certificado COVID-19 en el ámbito laboral, o Francia y Grecia, que lo exige al personal sanitario.
Un tema sensible para profesionales y ciudadanía que quedó despejado por los ponentes del encuentro, siendo la principal argumentación de la jornada que la obligatoriedad de la vacunación no está contemplada hoy legalmente en España. Asimismo, esta hipótesis tampoco sería necesaria llevarla a la realidad nacional debido al alto porcentaje de inmunización alcanzada en el actual contexto de pandemia.
El marco del encuentro, conducido y moderado por la periodista Gloria Lomana, estuvo atravesado desde su mismo diseño por una visión multidisciplinar, «la mejor manera de acercarse a un tema complejo», tal y como apuntó el abogado Antonio Garrigues Walker en la presentación de la jornada.
MESAS REDONDAS
La primera mesa redonda abordó el debate sobre la obligatoriedad legal, ética y sanitaria de la vacunación. Jorge Rodríguez-Zapata, ex magistrado del Tribunal Supremo, fue el encargado de establecer el marco jurídico actual español, que no recoge la obligatoriedad de la vacunación. En el caso de establecerse, tendría que hacerse por medio de una ley orgánica, lo que traería aparejado incompatibilidades con la Carta Magna.
Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, puso el foco en la materia de la que es especialista, la ética: «Según la ética la frontera está en la colisión entre tu libertad y la libertad ajena; en ese caso, tu libertad debe ceder». En circunstancias sensibles, recomienda distinguir entre lo necesario y lo conveniente.
Juan José Rodríguez Sendín, ex presidente de la Organización Médica Colegial y actual presidente de su Comisión de Deontología, hizo especial hincapié en la profesión médica y precisó que «deontológicamente no se puede sancionar a ningún sanitario que se oponga a ser vacunado». No obstante, matizó que, por la naturaleza de la actividad, no vacunarse «si puede traer consecuencias laborales».
Timanfaya Hernández, vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, se centró en los aspectos psicológicos del debate y alentó al acercamiento de posturas: «Tenemos que dar cabida a conocer por qué una persona decide no vacunarse, y valorar las estrategias de comunicación y las consecuencias de nuestras acciones».
La segunda mesa redonda estuvo dedicada a los derechos cruzados entre el trabajo y la salud pública. Contó con la experiencia de Nines Villanueva, del sindicato Comisiones Obreras, que centró su intervención en el marco laboral, subrayando que «ningún empresario puede obligar a ningún trabajador a vacunarse». Ello no implica que, por razones de salud pública, se pueda mover al trabajador o trabajadora de su lugar habitual de trabajo.
Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, centró su intervención en la especificidad del trabajo autónomo y las micropymes, coyuntura en la que «deben contemplarse los posibles casos de imposibilidad de movilidad funcional»
Por su parte, Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, volvió a abogar por la búsqueda de un punto de equilibrio entre posturas enfrentadas en relación con la vacunación: «Es comprensible la duda y hay que encontrar el punto de equilibrio».
El encuentro dio cabida a un fructífero intercambio de opiniones con asistentes que manifestaron distintas sensibilidades hacia el tema propuesto por la jornada, poniéndose de manifiesto la importancia de la visión profesional en la esfera pública en este tipo de debates.
