Dos encuentros sobre Transparencia y Gobierno Abierto para debatir sobre el presente y el futuro
El pasado 15 de junio se celebró en Medialab-Prado un evento sobre modelos de Gobierno Abierto que ponía en el centro la transparencia. A lo largo del acto se abordó esta materia desde diferentes perspectivas materializadas en cuatro paneles: participación ciudadana; datos abiertos; legislación en materia de transparencia, y finalmente, el gobierno abierto.
De especial interés fueron la tercera y cuarta mesa, de las cuales cabe mencionar los siguientes aspectos. En cuanto a la mesa destinada a la legislación en materia de transparencia fue moderada por Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Arizmendi puso en valor que la transparencia no era una moda pasajera, sino que había venido para mejorar la gestión entre lo público y el ciudadano. De entre los invitados, Joaquín Meseguer, del Ayuntamiento de Madrid, destacó por lo avanzado de su trabajo respecto de la ordenanza de Transparencia de la Comunidad de Madrid, la cual destacaba entre otros aspectos, la gestión y relación con los lobbies. En este sentido, con el objetivo de hacer el proceso de toma de decisiones del Ayuntamiento de Madrid un proceso lo más transparente posible, se propone la creación de un registro de lobbies que obligue a todas las personas que quieran reunirse con el Gobierno para ejercer influencia sobre los asuntos públicos a estar registrada en el mismo. El objetivo de este registro es conocer a qué intereses representan las personas que se reúnen con los representantes público.
Concepción Campos, secretaria del Consejo de Vigo, apostó por un desarrollo reglamentario de la ley 19/2013, si bien poniéndola en valor como mecanismo informador ya que «las leyes no hacen milagros, pero son necesarias para implementar un cambio», pero destacando también sus carencias, coincidentes éstas con la opinión de los demás ponentes de la mesa. Apuntó Campos las limitaciones de la ley respecto de la facultad de control e inspección, así como respecto de la potestad sancionadora por parte del órgano competente.
Por su parte, el profesor Manuel Sánchez de Diego, de la Universidad Complutense, coincidió con Campos en la necesidad de establecer un poder sancionador, indicando que desde su punto de vista se debía incorporar un régimen sancionador eficiente, pero también habría de incorporarse un «régimen de bono» a fin de premiar a aquellos que cumplen sin tener como motor de su acción el miedo a la sanción, sino el valor de la transparencia en sí mismo y la búsqueda de una mayor cercanía hacia el ciudadano y el usuario. «Un derecho anclado en la libertad de información, esencial en una sociedad verdaderamente competitiva», según el ponente. Finalmente, Sánchez de Diego anunció la celebración de un próximo Congreso Internacional de Transparencia a finales del mes de septiembre, organizado por la Universidad Complutense.
Destacó también en su intervención Juan Carlos Melián, miembro de Acreditra, quien abordó el compliance, materia que tanto interés está suscitando en diversos sectores, tanto públicos como privados. Melián se refirió al compliance como una medida de control y eficiencia de las organizaciones que debería saltar del ámbito privado hacia las administraciones públicas.
En lo referente al Gobierno Abierto, los participantes en la mesa redonda expusieron la importancia que tiene para todos los ciudadanos conocer de primera mano qué es lo que se hace en las instituciones públicas así como quiénes son los responsables de los proyectos que se están realizando. Esta accesibilidad. y contacto más directo con los organismos públicos. es gracias a la tecnología actual que permite que el acceso a determinados datos esté prácticamente al alcance de todos, y gracias a los cuales -a pesar de la escasez de recursos que existen en muchas ocasiones- pone a las Administraciones Públicas al servicio de la sociedad. Un servicio que no solo implica derechos, sino que también convierte al ciudadano en responsable de las buenas prácticas de las instituciones, tal y como recordaron los ponentes al finalizar la jornada.
SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y SINDICATOS
Un día después, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la entidad Transparencia Internacional (TPI) celebraron un seminario sobre transparencia y sindicatos y organizaciones empresariales. Dividido en varios paneles, la catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo, se refirió a los efectos negativos de la globalización en la cultura del cumplimiento. La crisis condujo a un cambio de paradigma y vuelta a dicha cultura, con el fin de «recuperar las buenas prácticas en las corporaciones», motivado principalmente por el cambio de perspectivas y exigencias como ciudadanos.
En la sesión dedicada a los sindicatos, Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, quiso enfatizar en el «avance de la desafección de la democracia y de las desigualdades» en la actualidad, lo que conlleva a una «pérdida de confianza en las instituciones representativas», entre las que se encuentran los sindicatos. Tras reconocer la importancia de la práctica del sindicalismo para el mantenimiento de la justicia social, Villoria aconsejó entre otras medidas, reforzar el control interno de los representantes y establecer protocolos y códigos éticos.
Por parte del CTBG, Esperanza Zambrano, subdirectora general de reclamaciones, centró su ponencia en analizar lo que la ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, dicta para los sindicatos y las organizaciones empresariales: «solo tienen la obligación de publicar información y no de contestar reclamaciones». Zambrano aconsejó a todas las instituciones que decidan hacer pública información, poner atención en «cómo se publica esa información».
