Tras un año de crisis provocada por la COVID-19, los distintos actores institucionales han comprendido que «sin salud no hay recuperación económica».
Los esfuerzos realizados por las profesiones colegiadas para garantizar el desempeño de la labor de sus profesionales han sido arduos, así como la dificultad para cubrir aquellas necesidades surgidas en el contexto de la pandemia. No obstante, todo ello ha redundado en un reconocimiento público que se ha traducido en su consideración de «esenciales» para garantizar el bienestar, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad y la competitividad de nuestra sociedad presente y futura.
DISCURSOS DE FUTURO
En el actual marco de recuperación y transformación económica y social, las profesiones tienen en los discursos de futuro una oportunidad para liderar el cambio desde la perspectiva holística y multidisciplinar que ofrecen los ocho sectores y treinta y siete profesiones reunidas en Unión Profesional.
Para llevar a cabo esa misión, desde Unión Profesional se plantea un análisis de situación que nos permita calibrar los riesgos y oportunidades del actual contexto económico, jurídico y social, y proyectar hacia los próximos años. Con este definir ‘dónde estamos’, se aspira a identificar aquellos retos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Consejo de Ministros, y enviado a Bruselas para su evaluación.
El objetivo de Unión Profesional es desarrollar una Estrategia de Futuro desde las Profesiones en relación con dicho plan. Para ello es indispensable trasladar de manera nítida por qué es imprescindible el fortalecimiento de las estructuras colegiales y destacar a qué riesgos se expone la ciudadanía en un escenario de desregulación de las profesiones y sus estructuras.
CONTEXTO ECONÓMICO
Desde la óptica económica es interesante contextualizar y analizar brevemente las publicaciones recientes que han aludido a los colegios y servicios profesionales, desde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España; el informe Going for Growth 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y publicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El hilo transversal que las une considera que hay margen de mejora en la regulación del acceso y ejercicio a determinadas profesiones, y también en el funcionamiento y gobernanza de las corporaciones colegiales.
Todo ello está conectado con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva relativa al test de proporcionalidad con objeto de evitar normas injustificadas o desproporcionadas en la regulación de las profesiones y así proteger el interés general. Un movimiento soportado en la filosofía desreguladora europea, intensificada en los últimos años, basada en la ortodoxia del análisis económico del funcionamiento general de los mercados.
Así, la argumentación esgrimida habitualmente expone que la regulación de las profesiones introduce barreras de entrada y al ejercicio de las profesiones sin la suficiente justificación, cuyos efectos principales implican una restricción de la oferta de estos servicios, un incremento de sus precios, ineficiencias en la movilidad y la asignación de los recursos y, como resultado, una tendencia a reducir el nivel de calidad ofrecido.
No obstante, las evidencias mostradas hasta el momento, principalmente mediante algunos estudios de la Comisión Europea, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras instituciones, han sido sesgadas o parciales respecto al subsector de servicios profesionales. Mientras, otra línea de estudios académicos afrontan este enfoque bajo otros prismas dentro del análisis económico y abonan la necesidad de una regulación específica en sintonía con la actual para proteger el interés general.
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de País que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.
Este proyecto será articulado a través de 212 medidas, de las cuales, 110 son inversiones y 102 son reformas. Tal y como señala, «las reformas e inversiones incluidas en el Plan de Recuperación contribuyen claramente al cumplimiento de las recomendaciones específicas (CSR) dirigidas a España en el marco del Semestre Europeo en 2019 y 2020, y al mismo tiempo están alineadas con las múltiples estrategias, planes y programas nacionales que se han ido poniendo en marcha y, en especial con el Plan Nacional de Reformas de España y la Agenda del Cambio».
Sobre su contenido, es preciso destacar, por el momento, una reforma relacionada con la regulación de las profesiones. De nombre ‘Reforma C13.R1.- Mejora de la regulación y del clima de negocios’, menciona expresamente que «se adoptarán medidas para reducir la morosidad y se avanzará en la garantía del buen funcionamiento de los mercados en todo el territorio nacional, mejorando también la regulación del acceso a determinados servicios profesionales y su ejercicio».
OCDE.- GOING FOR GROWTH 2021
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el 14 de abril su informe anual Going for Growth 2021: Shaping a Vibrant Recovery con objeto de analizar con perspectiva la situación económica estructural de los países miembros. En esta edición, con la pandemia como eje principal por los efectos que está produciendo, el organismo internacional subraya algunas de las políticas clave que deberían llevarse a cabo. Entre ellas, el refuerzo de la gobernanza pública y los cuidados sociosanitarios; medidas que impulsen el crecimiento de la productividad; y finalmente políticas que refuercen la formación y el acceso al mercado laboral de los más vulnerables. Además, recoge un capítulo específico por país.
En el caso de España, apunta que para lograr una recuperación más fuerte, resiliente e inclusiva será preciso favorecer el crecimiento de la productividad, impulsar la digitalización, la innovación y la inversión en capital intangible. En concreto, una de las recomendaciones que lanza la OCDE para España, relativa al avance de la implementación de la Ley de Unidad de Mercado, es «mejorar el funcionamiento y gobernanza de las entidades relacionadas a los servicios profesionales», una mención que aludiría a las corporaciones colegiales.
CNMC
Los estatutos de muchas organizaciones colegiales han sido objeto de interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en cuyos informes destaca de manera reiterada la conveniencia de abordar la reforma de los colegios y servicios profesionales, aplazada «desde hace una década»; normativa también solicitada por organismos internacionales como la OCDE, destacando, entre otros aspectos, «las obligaciones de colegiación o las reservas de actividad».
La CNMC defiende repetidamente en sus informes, «que en la regulación de los servicios y colegios profesionales persisten restricciones para acceder y ejercer ciertas actividades profesionales que dificultan su competitividad. Todavía se está a la espera de una regulación que clarifique las obligaciones de colegiación y las reservas de actividad con un título académico determinado». Por este motivo, según la CNMC, «los colegios y los servicios profesionales se encuentran en una situación transitoria».
DIRECTIVA PROPORCIONALIDAD Y PROFESIONES REGULADAS
La tendencia europea enmarcada en la ‘mejora de la regulación’ (better regulation) abarca un conjunto de medidas que han de observarse en su interrelación y que suponen un impacto directo en las profesiones colegiadas y en su ejercicio. Bajo la premisa del principio de libre movilidad e impulso al mercado único europeo, se revisa en 2010 la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales que es aplicable a las profesiones reguladas en la UE y transpuesta por Real Decreto que establece la lista de profesiones reguladas a efectos del reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Posteriormente se establece la obligatoriedad de evaluar cada dos años la proporcionalidad de la regulación de las profesiones, pero en España se mantiene la misma lista de profesiones reguladas y se dispone que una comisión interministerial habrá de realizar las evaluaciones de proporcionalidad. Viendo que la Comisión Europea continúa preocupada por el elevado número de profesiones reguladas en la Unión Europea, en enero del 2017 se publica el conocido como ‘Paquete de Servicios’ en el que se propone que los ejercicios de proporcionalidad se realicen en base a unas pautas y criterios comunes, lo que culmina con la Directiva de Proporcionalidad.
En España, la comisión interministerial que ha de elaborar la lista de profesiones reguladas no se ha constituido por el momento y la transposición de la Directiva sobre proporcionalidad está en las últimas fases de tramitación.
En España, la comisión interministerial que ha de elaborar la lista de profesiones reguladas no se ha constituido por el momento y la transposición de la Directiva sobre proporcionalidad está en las últimas fases de tramitación. Dado que la comisión interministerial debe evaluar las profesiones reguladas en el marco que propone la Directiva de Proporcionalidad, es de esperar que la nueva lista de profesiones reguladas se apruebe una vez haya sido transpuesta la Directiva de Proporcionalidad. Ello permitiría, además, cumplir con una de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España por la que se propone «mejorar la regulación del acceso a determinados servicios profesionales y su ejercicio» (Reforma C13.R1).
Por su parte, la normativa actual sobre los procedimientos de homologación y declaración de equivalencia de los títulos extranjeros de educación superior, utiliza distinto criterio para considerar a una profesión como regulada. Esta normativa está en proceso de revisión y establece que las homologaciones se realizarán tan solo respecto a los títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales y para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que se adecúan los correspondientes planes de estudio.
CONCLUSIONES
Esbozado el marco económico e internacional cuya tendencia está significada por la desregulación, las profesiones colegiadas han de defender con claridad la singularidad propia que constituye las corporaciones profesionales de derecho público, cuyos fines y funciones descritos en la ley, las dotan de un conjunto de funciones de vertebración social de valor insustituible. Se ha de procurar visibilizar aquellas funciones públicas que responden a la protección del interés general, las cuales, están en la base de su reconocimiento constitucional.
La ciudadanía en su conjunto ha tomado conciencia de la importante labor desempeñada por las profesiones colegiadas en la defensa y disfrute de los derechos fundamentales; conoce del amparo institucional derivado del ejercicio de la función deontológica, reduciendo los niveles de intrusismo profesional y promoviendo la buena práctica profesional y, por ende, la calidad de los servicios profesionales para los que, no solo se requiere de una elevada preparación universitaria, sino de una permanente actualización procurada por las entidades colegiales o la sujeción a pólizas de responsabilidad civil.
PASOS SIGUIENTES
Unión Profesional ya se encuentra trabajando en próximos documentos que detallarán cómo acometer este potencial escenario, en el que las profesiones colegiadas son, como ya ha sido puesto de manifiesto durante la pandemia, esenciales para abordar el proceso de recuperación y transformación presente y futuro.
