Celebrada sesión sobre el TTIP, en el marco de Unión Profesional, con el director general de Comercio Internacional y de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad.
Unión Profesional organizó el 25 de noviembre en el Consejo General de Veterinarios una sesión sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, en inglés) con el propósito de obtener una visión autorizada sobre este asunto. Para ello, invitó a Antonio José Fernández-Martos, director general de Comercio Internacional y de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, que explicó a las organizaciones colegiales el estado actual de la negociación en relación a las materias que podrían incidir sobre las profesiones colegiadas y atendió a sus preocupaciones. El director general anunció que antes de final de año se producirá una evaluación de política de la negociación con la finalidad de cerrarla antes de que termine la administración Obama. Asimismo, informó que la duodécima ronda negociadora, tendrá lugar, previsiblemente en Bruselas, en febrero. Gran parte de la intervención del director general se guió a través de las cuatro preguntas planteadas desde Unión Profesional que se resumen a continuación.
[title size=»h2″]¿Cómo podría afectar el TTIP al modelo de ejercicio profesional? [/title]Martos se refirió categóricamente al negar la posibilidad de que el ejercicio de los profesionales en España pudiera verse distorsionado respecto al estadounidense. Abordó la parte técnica de la negociación basada en dos ejes: acceso a mercados y modos de suministro. Sobre este último, apuntó que el modo 4 de suministro de servicios de la OMC: la presencia temporal de personas físicas, «es directamente relevante también para los servicios profesionales». Finalmente, incidió en que la intención es ofrecer la «consolidación del nivel de acceso existente actualmente» y, por tanto, no habrá liberalización adicional. Más en detalle, sostuvo que «en toda la normativa reguladora de sectores de servicios que tenga carácter horizontal —como la de los servicios profesionales y de cada profesión—, no está en la mesa de negociación y queda totalmente preservada, incluso aunque no esté recogida en una reserva específica».
[title size=»h2″]¿Cuál es el procedimiento de armonización empleado?[/title]
Sobre el proceso de armonización, Martos reiteró que es el reconocimiento mutuo, como se ha incorporado en el tratado entre la UE y Canadá (CETA, en inglés), donde a través de un marco dirigido por las profesiones a ambos lados del Atlántico se determina cómo se realizará el reconocimiento mutuo. Es decir, como enunció el director «este comité se activa para las distintas profesiones sobre la base de un informe que elaboran las profesiones que consideran que hay un interés en cerrar un acuerdo de este tipo». Un procedimiento que sería similar y que empieza a tomar forma en las conversaciones con EE.UU. A su vez, también quedaría para este comité las cuestiones relativas a la delimitación y filtro de los títulos que habilitan o no para el ejercicio de una profesión regulada entre la UE y los EE.UU.
[title size=»h2″]¿Qué papel pueden jugar las organizaciones profesionales en el TTIP?[/title]
Como indicó Martos, «el papel de las organizaciones colegiales es acompañar el proceso». Por ello, señaló que «la iniciativa y las ideas de las profesiones nos resultarían muy útiles para plantear cuáles son nuestras prioridades en la negociación» y, de este modo, trasladarlas a la Comisión Europea. También abogó por «el diálogo entre profesiones a ambos lados del Atlántico, para identificar cuáles son las barreras para que pueda haber una prestación estable y donde haya requisitos que supongan un obstáculo que en último término impidan que se pueda producir la prestación». Además, anunció que España ha solicitado considerar a los ingenieros como una prioridad en la futura negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo y que «está identificada a la profesión de arquitectura como el sector en el que más avanzada está su incorporación para fines de reconocimiento mutuo».
[title size=»h2″]¿Cómo podría el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, en inglés) afectar a la regulación de las profesiones?[/title]
Martos afirmó que «el mecanismo de protección de inversiones no supone un riesgo para la regulación de los colegios y servicios profesionales». Dadas las protestas que suscitó el ISDS, la comisaria de Comercio de la CE, Cecilia Malmström, presentó una propuesta en septiembre en la que estos tribunales de arbitraje, tendrían ahora «una profesionalización de los árbitros, con una designación automática para evitar conflictos de interés, es decir, solo podrían ser árbitros, personas que tengan reconocida solvencia y capacidad para ocupar las máximas instancias judiciales en tribunales internacionales o nacionales». Además, el director general quiso calmar la preocupación ciudadana sobre los servicios públicos al afirmar que en el TTIP «hay reservas específicas en el ámbito de los servicios sociales, educación, sanidad, suministro de aguas, etc.». Es decir, «donde haya financiación pública, los Estados se reservarían la capacidad regulatoria de hacer lo que consideren oportuno».
