En el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Las profesiones españolas, organizadas mediante colegios profesionales y reunidas en Unión Profesional, denuncian las injusticias, la violencia en todos sus órdenes, la desigualdad y, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, quieren hacer llegar a la sociedad la necesidad de hacer cumplir la ley y garantizar los derechos que asisten a todas las personas, haciendo especial énfasis en la falta de desarrollo y adecuación de la igualdad como derecho fundamental.
Desde Unión Profesional se insiste en la necesidad de un compromiso común de las instituciones para analizar las causas en origen de la violencia de género y exigir todas las herramientas necesarias para su erradicación, así como en la importancia de concienciar a la sociedad en relación a un problema estructural que, en lo que va de año, le ha costado la vida a 48 mujeres, número de víctimas mortales que asciende a 1.380 si nos remontamos a 1995. Las profesiones tienen un compromiso esencial con esta problemática, siendo las dedicadas al ámbito sanitario, educativo, jurídico y asistencial las más sensibilizadas —por estar en contacto directo— y fundamentales para la prevención y la atención a la violencia de género.
Abordar de forma integral la erradicación de la violencia de género
Es crucial que se aborde la violencia de género de forma integral, a través de medidas de prevención, protección y acompañamiento.
Inciden desde el Consejo General de la Psicología de España en trabajar desde la infancia, en los centros educativos, para atajar la desigualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo desde la psicología a profundizar en los valores de respeto y de igualdad, luchando contra los estereotipos machistas que continúan tan vigentes entre las generaciones más jóvenes. El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales coincide en que, para avanzar hacia la igualdad es imprescindible abordar la labor profesional con perspectiva de género, en coordinación y colaboración con el resto de agentes implicados. Acompañar en todo el proceso, así como realizar campañas de sensibilización y coeducación, desarrollando programas de educación afectivo-sexual para eliminar la asignación de los roles de género. Asimismo, «tenemos el reto de reconocer nuestro papel socializador, sea cual sea el colectivo con el que trabajamos, y debemos ser conscientes de la importancia de revisar nuestras prácticas para evitar reproducir los modelos sexistas que siguen vigentes en la sociedad y acabar así con la desigualdad», afirman.
La profesión farmacéutica, a través de la Organización Farmacéutica Colegial, viene colaborando activamente en las campañas institucionales impulsadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la firma del convenio suscrito en 2014. Una participación y colaboración de los profesionales farmacéuticos cuyas más de veinte mil farmacias comunitarias constituyen establecimientos sanitarios de cercanía y confianza para la población, así como un lugar donde las víctimas pueden sentirse cómodas para expresar sus problemas, para aceptar su situación y dar el primer paso hacia la denuncia. En este sentido, profesiones de cercanía y asistenciales como los fisioterapeutas, los dentistas o los ópticos-optometristas juegan un papel importante en la detección de la violencia de género, así como los médicos y los enfermeros en el ámbito de la Atención Primaria.
Los trabajadores y trabajadoras sociales tienen en la erradicación de la desigualdad y la violencia de género uno de los ejes básicos de las políticas de intervención social. «Todos los informes y estudios, tanto de ámbito nacional como internacional, reiteran los altos índices de prevalencia, así como la gravedad de sus consecuencias», informan desde el Consejo de Trabajo Social. Por esta razón, «es preciso que se determinen desde las instituciones unos estándares mínimos en lo que se refiere al abordaje integral de esta materia con la finalidad de resolver las numerosas deficiencias que aún se están produciendo en la respuesta institucional que se está dando a la violencia de género en la atención integral a víctimas, en la asistencia sanitaria, jurídica especializada o en la administración de justicia, en los servicios de atención de modo que todas las víctimas tengan igualdad de acceso a los servicios, ayudas, protección y justicia, independientemente del lugar donde se encuentren y de su situación administrativa».
En este sentido, Filomena Peláez, presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Conejo General de la Abogacía Española, después de la Marcha contra las Violencias Machistas celebrada el pasado 7 de noviembre en Madrid, publicó un artículo exigiendo un Pacto de Estado que garantice cambios efectivos, también jurídicos. Los profesionales tienen una responsabilidad esencial en la erradicación de la violencia de género, pero también la legislación ha de adecuarse al Convenio de Estambul en lo que respecta a tener en cuenta violencias de género no circunscritas directamente al ámbito de la pareja.
